En 2009, cuando asumió la presidencia Mauricio Funes, existían temores y ansiedades entre los empresarios y algunos sectores de la sociedad civil. Esos sentimientos eran consecuencia de las credenciales de la organización política que promovió su candidatura. Del FMLN se esperaba un comportamiento acorde a la ideología que profesa como un partido de corte socialista.
La intención de ingresar al bloque ideológico del ALBA, la reversión de la dolarización y de algunas de las privatizaciones, la estatización de la economía y el debilitamiento de las relaciones con los Estados Unidos, representan algunos de los aspectos que el Frente ha reivindicado a lo largo de su existencia.
Ciertamente nada de eso ocurrió. Lamentablemente tampoco se cumplieron las aspiraciones que generó la llegada del primer gobierno de izquierda a la presidencia. Se tenía la certeza que terminarían las contrataciones de parientes en las oficinas de gobierno, práctica conocida como nepotismo y que además se cumpliría a cabalidad la promesa de la “meritocracia” que el presidente Funes anunció en su discurso de toma de posesión.
También se creyó que habrían avances sustanciales en el combate a la inseguridad ciudadana y que la efectividad en la ejecución de la inversión, por lo menos en las principales áreas sociales como la salud, la educación y la vivienda de interés social sería, por mucho, mejor que en las administraciones anteriores. La posibilidad del diálogo con el sector empresarial estuvo en duda por la desconfianza mutua que desde siempre ha existido entre el FMLN y la ANEP.
Hoy jura el nuevo presidente de la República. Se trata de un líder histórico del FMLN que reiteradamente llamó “imperio” a los Estados Unidos, solicitó que le “pusieran un bozal” al presidente de la cúpula empresarial y señaló que Venezuela era el “faro que ilumina a América Latina”. Su partido mantiene en el “acta de fundación”, en la “carta de principios” y en las ofertas electorales recogidas en el documento “El Salvador adelante”, la intención de sustituir la forma de gobierno establecida en la Constitución de la República que se fundamenta en la democracia representativa para transitar a una de tipo “participativo”.
Algunos de los dirigentes del Frente identifican a Nicaragua como el modelo a seguir para alcanzar el desarrollo económico. Toman como ejemplo la sentencia que Daniel Ortega, replicando a Somoza, manifestó al sector privado: “Hagan plata que de la política me encargo yo”. El resultado de este pacto nicaragüense se tradujo, según el periodista de oposición Carlos Fernando Chamorro, en la concentración del poder político y en una brutal represión hacia los críticos del “comandante”.
El partido del presidente Sánchez Cerén es el mismo que junto al “bloque de partidos” mantuvo en vilo a la institucionalidad en 2012 y 2013 al rechazar las sentencias de la Sala de lo Constitucional además de amenazar con destituir a los magistrados que la integran.
Se trata del instituto político que, en clara coordinación con Alba Petróleos, obtuvo el financiamiento indirecto de esa empresa para sufragar la campaña de “Salvador y Óscar”. Varios de los más altos ejecutivos de esa sociedad de economía mixta, que a su vez son o han sido prominentes dirigentes del FMLN, fueron nombrados como miembros del próximo gabinete de gobierno.
Esos hechos políticos mantienen vigente la angustia y el miedo de algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, a partir de su elección como presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén abrió las puertas a la concertación con los empresarios, se comprometió a respetar y a no modificar las cláusulas pétreas de la Constitución, ofreció una administración transparente y austeridad en el gasto y además ha reiterado, tanto a los diputados de los diferentes partidos, como a los sindicatos y a los hombres de negocios, que una de sus principales apuestas será el crecimiento económico.
Por otra parte el nuevo gobernante ha mantenido en sus cargos a varios funcionarios de la administración Funes que no mostraron hostilidad contra el sector empresarial y que ejecutaron su presupuesto de manera transparente y eficiente. La Defensora del Consumidor, el Superintendente de Competencia, el Ministro de Obras Públicas y la Secretaria de Inclusión Social son algunos de ellos. Otros como los nuevos ministros de economía, seguridad y educación generan altas expectativas. El resto del gabinete debe recordar que, a diferencia de las administraciones anteriores, en las que se podía ocultar la documentación que respaldaba sus decisiones, ahora están sometidos a la ley de acceso a la información pública y por tanto cumplirán sus labores frente a una vitrina que tendrá como espectador a una buena parte de la sociedad civil.
Mientras el presidente, su partido y el equipo de gobierno se mantengan fieles a estos compromisos, las ansiedades desaparecerán y las expectativas serán cumplidas.
*Columnista de El Diario de Hoy.