En la noche de cada aniversario de la tragedia de la Colonia Málaga, los familiares de las víctimas mortales y otros acompañantes, nos reunimos en el lugar donde los hechos ocurrieron con el objeto de mostrar empatía, apoyo y reflexionar en torno a la palabra de Dios. A la misma hora, de año en año, reporteros de diversos medios se acercan para cubrir la reunión. Con el paso del tiempo he visto cómo los periodistas que cubrieron la tragedia hace seis años, paulatinamente, han ido cediendo sus lugares a otros más jóvenes.
Da la impresión que estos nuevos reporteros desconocen bastante los antecedentes, pues no dejan de asombrarse cuando les menciono que seguimos a la espera de las reparaciones morales que el Estado debe a las víctimas de acuerdo con la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su informe especial en torno al caso.
Repetidas veces esos jóvenes me preguntan de qué informe especial hablo y a qué reparaciones me refiero. Cosa que es de extrañar en comunicadores sociales que deberían estar informados de nuestra contemporaneidad.
Con el objeto de refrescar la memoria de ellos y la de la población en general, debo recordar que lo que ocurrió en la Colonia Málaga, según la única investigación realizada hasta el presente, la de la Procuraduría, no fue un accidente natural sino un conjunto de omisiones que condujeron a graves vulneraciones de los derechos humanos de las víctimas mortales, el único sobreviviente y sus familias.
Estos elementos se demuestran en el informe referencia SS-0487-08 que puede ser consultado públicamente en el sitio web de la Procuraduría. Las omisiones fueron relacionadas a las personas responsables de prevenir y evitar que ocurriera un desastre de esa magnitud, estableciéndose la directa responsabilidad por tales vulneraciones del presidente de la República, del ministro de Gobernación, del ministro de Obras Públicas y del director general de Protección Civil, que ocupaban esos cargos en la fecha de la tragedia.
Además, en su informe especial el procurador realizó un total de trece recomendaciones, de las cuales, ninguna fue acatada por los funcionarios que fueron señalados como los responsables directos de violar los derechos humanos a las víctimas. No obstante, la mayoría de esas recomendaciones fueron cumplidas por la administración presidencial de Mauricio Funes quedando todavía pendientes de cumplimiento las siguientes: Elaboración de un plan maestro de drenaje urbano, investigación exhaustiva sobre los proyectos que causan daño al medio ambiente e incrementan la vulnerabilidad, al fiscal general iniciar las investigaciones a fin de deducir responsabilidades a las que haya lugar y, finalmente, que se proceda a las reparaciones a las víctimas sobre la base al derecho a la verdad y la justicia, siendo uno de sus principales componentes la solicitud de perdón a nombre del Estado salvadoreño.
Aunque las cosas no han marchado con la prontitud y las personas que se hubiese deseado, se ha caminado bastante en el cumplimiento de esas recomendaciones desde la dolorosa noche del 3 de julio de 2008.
Cada aniversario se conjuntan las condiciones para recordar a la ciudadanía las deudas que el Estado todavía tiene pendientes y es a ellas, respetables amigos periodistas, que nos referimos cuando mencionamos al lado de las familias victimizadas que seguimos aguardando su acatamiento.
*Pastor general de la misión cristiana Elim.