Las transiciones democráticas necesariamente derivan en importantes procesos de reforma política. Así sucedió por ejemplo en España, Chile y México. En los tres casos el liderazgo político supo leer las ansiedades de sus respectivas sociedades y las transformó en iniciativas que impulsaron la modernización del sistema político. A finales de los setenta, el primer presidente democrático de España, Adolfo Suárez, encaró a la oposición y consiguió la aprobación de una nueva Constitución que el pueblo español refrendó el 6 de diciembre de 1978. A partir de este acontecimiento, España aceleró la recuperación de la confianza en las instituciones que la época de la dictadura anuló en perjuicio de las libertades e iniciativas individuales de los ciudadanos.
También en la década de los setenta, México promovió un proyecto similar en materia de reforma institucional. La decisión de evolucionar de un sistema de “partido hegemónico”, en el que básicamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo el poder durante setenta años, motivó a los diferentes institutos políticos a introducir, en el transcurso de las pasadas tres décadas, tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos, las reformas necesarias para garantizar la existencia de una pluralidad de organizaciones políticas, de un árbitro electoral independiente, de un control efectivo del financiamiento político y de un procedimiento democrático al interior de los partidos para la elección de sus autoridades y candidatos.
Ahora mismo los mexicanos se encuentran inmersos un en debate para avalar las leyes de una nueva reforma político-electoral, gestado en el seno del Congreso de los diputados por las iniciativas del expresidente Felipe Calderón y del actual gobernante, Enrique Peña Nieto. Las principales bancadas representadas en el Senado mexicano, aprobaron dos nuevas leyes, una general de partidos políticos y una general de instituciones y procedimientos electorales.
También modificaron el modelo de voto de los mexicanos en el extranjero, para que puedan votar por presidente, senadores, gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal, no solamente por sufragio postal, sino en sedes diplomáticas y en formato electrónico. Por último decidieron revisar la reglamentación para las candidaturas independientes, acordando que no habrá límite en número de aspirantes y que los candidatos independientes a presidente y a diputado, tendrán que reunir el equivalente al uno por ciento del electorado del país y al dos por ciento del electorado de un distrito, respectivamente.
Chile ha recorrido un camino similar. Tras el retorno a la democracia se entró en un período de reforma continua, no obstante las limitaciones autoritarias establecidas por la dictadura en la Constitución de 1980. En 2005 se aprobaron las reformas constitucionales que dieron fin a los “senadores designados” y al derecho de los expresidentes a un “escaño senatorial vitalicio”.
Se acortó la duración del mandato del presidente de 6 a 4 años, se estableció la elección directa del alcalde y se limitaron los derechos especiales de los militares aún vigentes a esa fecha. Los chilenos están empeñados en continuar con la modernización de sus instituciones y han llevado al debate público cinco planteamientos relacionados con los gobiernos metropolitanos, los gobiernos regionales, los partidos políticos, el régimen semipresidencial y el Congreso unicameral. Chile cumple hoy en día con “su rol como modelo para la región gracias a su democracia estable que, entre otras cosas, ofrece condiciones seguras para la economía”.
¿Qué factores han influido en El Salvador para que el proceso de reforma política e institucional que iniciamos en 1992 entrara en un período de hibernación y aturdimiento? Quienes firmaron el acuerdo de paz entendieron que era necesario modificar a fondo el sistema de justicia, sustituir a la autoridad electoral tan cuestionada en el pasado, promover la protección de los derechos humanos y empujar una profunda transformación de los cuerpos de seguridad.
Los antecedentes de Chile, España y México nos señalan un factor en común: en cada uno de estos sistemas el espíritu reformador no se limitó al primer impulso; mantuvo vigencia durante los últimos treinta años e identificó claramente los vacíos del esquema original y los refuerzos necesarios en los diferentes ámbitos donde las reformas habían madurado. Entendieron que debían actualizarse los ordenamientos legales para responder a una ciudadanía que exige más participación, más transparencia y más democracia. Un aspecto adicional que presentaron estos tres países fue el involucramiento decidido de los partidos políticos a lo largo de las distintas etapas de reforma. Las leyes se aprobaron por amplísimos consensos gracia a que cada fuerza política cedió en una parte de sus demandas.
“La democracia en lo político no es un esquema estático, ésta constituye un viaje inacabado o inconcluso, que por esencia requiere su permanente perfeccionamiento y profundización. Un demócrata no puede ser un mero conservador de su democracia”.
*Columnista de El Diario de Hoy.