Con 56 votos del FMLN, GANA, PCN, PDC, CD y los diputados disidentes, la Asamblea aprobó la emisión de bonos por US$1,156.2 millones, que el Gobierno justifica le urgen para reconvertir deuda de corto plazo y salir de la crisis de caja que heredó de la anterior administración.
Las gremiales han lamentado esta aprobación de nuevos títulos valores, que sólo posterga el incontrolable endeudamiento del Estado, deuda que se pagará con más impuestos.
Endeble fue la postura de varios legisladores que aseguraban no dar los votos mientras el Gobierno no presentara a discusión el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Es insostenible la gestión de Gobierno bastante endeudado y sin respuesta al problema de crecimiento, si este no se disciplina.
El proyecto de ley establecería normas que aseguren la sostenibilidad de la gestión de gobierno en el mediano y largo plazo, garantizando el equilibrio fiscal; acumulando superávit en los períodos favorables y permitiendo déficits moderados, no recurrentes, en períodos de menor crecimiento de la economía.
El proyecto de ley conversado, define un período en el que se pondría en práctica medidas especiales de ingresos y gastos para estabilizar las finanzas públicas, las que deben lograr un ajuste en el déficit de al menos 1.5% del PIB. La propuesta que se ha discutido consideraba también un período de sostenibilidad fiscal de 7 años, en el que se buscaría reducir la deuda del sector publico no financiero a niveles inferiores al 42% del PIB, sin incluir la deuda previsional.
Según FUNDE, el problema en la definición de estas metas es que el mismo proyecto de ley establece que las metas pueden ser modificadas, por lo que la obligación legal pierde totalmente rigurosidad y quedaría sujeta a discrecionalidad. Es decir, que si en un momento el gobierno prevé que no cumplirá la meta de balance primario, déficit o deuda, para un ejercicio dado, simplemente ajustará la proyección contenida en el marco fiscal de mediano plazo y aparentemente no habría problemas con el cumplimiento de la ley. Una observación válida por el cual no se ha agotado la discusión sobre el proyecto de ley.
Esa debilidad convierte a una de las principales disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal en letra muerta, a lo que se suma que no se establecen sanciones por el incumplimiento de las metas cuantitativas por parte de los responsables del Ejecutivo. Carece de coercitividad.
Ejemplo de mecanismo sancionador que debe estudiarse es el contenido en la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, que establece que de no cumplirse la meta de recaudación el Presidente de la República tiene motivo para destituir al Superintendente.
En conclusión, el proyecto de ley todavía contiene muchas fallas, de forma y fondo, que convierten su texto en inaplicable. De ser aprobada generaría una total incertidumbre en su ejecución.
La experiencia latinoamericana de países que han aplicado leyes de responsabilidad fiscal dice que es posible lograr cumplir los objetivos trazados; como en Chile, con su regla fiscal del superávit primario estructural y el funcionamiento de los fondos soberanos para canalizar el ahorro del fisco. El buen desempeño macroeconómico de Chile obedece por una parte a la credibilidad de la política monetaria y fiscal y por otra, al papel estabilizador que ha jugado la regla fiscal. Igual ha sucedido en Brasil, México y Perú.
Los procesos de estabilización son de largo plazo y la clave para el éxito de las reglas fiscales es la credibilidad y la transversalidad de las autoridades y políticas adoptadas.
En El Salvador, ni agotamos la discusión, ni se tiene la ley, y los diputados aprobaron más bonos.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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