Una vez juramentado como nuevo gobernante, el presidente Sánchez Cerén, como lo manda la Constitución de la República, fue investido como el Comandante General de la Fuerza Armada. Para quienes anhelamos un país más democrático, la entrega del “bastón de mando” de manos del ministro de la Defensa Nacional al presidente de la República, ha revestido un importante e histórico hecho político. Dos adversarios ahora se entienden bajo la bandera de la institucionalidad y se juran respeto y lealtad cuando en el pasado reciente se enfrentaron uno al otro para defender el ideal y la visión que cada quien tenía para El Salvador. En buena hora por este acontecimiento que debería constituir el inicio de una reingeniería institucional orientada al respeto irrestricto del Estado de Derecho.
Por otra parte, durante la primera semana como presidente de la República, las declaraciones del profesor Salvador Sánchez Cerén han generado diferentes reacciones. El mandatario señaló que buscarán el mecanismo para que Petrocaribe “no pase por la Asamblea Legislativa”, que la reforma fiscal es necesaria para “adquirir medicinas en los hospitales”, y que el ministro de la Defensa Nacional “no tiene por qué entregar el registro de armas” a la Fiscalía General de la República.
Los tres fueron incidentes muy desafortunados. Por ahora los llamaremos “errores políticos” para evitar acusaciones prematuras que califiquen de intencionales las expresiones del presidente. Tratándose de un instrumento internacional, el ingreso de El Salvador a Petrocaribe debería trasladarse de inmediato a discusión del pleno legislativo. En este rubro se ha faltado a la transparencia, se podría incumplir el proceso constitucional que se requiere para que el Estado salvadoreño adquiera obligaciones internacionales con otro Estado y se ha generado una preocupación innecesaria entre el sector empresarial que reclama mayor información sobre la manera en que se implementarán las disposiciones del convenio.
La reforma fiscal es otro de los aspectos con los que ha debido lidiar el Gobierno actual. No podemos hablar de una herencia de la administración anterior porque el ministro de Hacienda es la misma persona y en consecuencia debemos asumir que el presidente Sánchez Cerén siempre estuvo de acuerdo con la propuesta de su funcionario. En todo caso la promesa del mandatario fue la de discutir las observaciones e inquietudes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Por ahora las conversaciones se han realizado a través de los periódicos. Los empresarios se han apresurado a explicar a los ciudadanos los efectos nocivos de algunos de los nuevos impuestos y el Gobierno ha respondido con una campaña en la que justifica su decisión y advierte que la intención de la “tercera fase” de la reforma fiscal es que paguen “los que poseen más capacidad económica”.
Esta es la misma fotografía de los últimos veinticinco años. Se continúa evitando la discusión de un pacto fiscal integral. La estrategia no es la mejor y puede desincentivar a los legisladores que si bien están en desacuerdo con los impuestos sugeridos por el Ministerio de Hacienda, no objetan el apoyo a la emisión de los bonos siempre y cuando se cumplan algunas condiciones previas como la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal.
El tercer hecho político que trascendió en los últimos días fue la postura del presidente en relación a la disputa entre el ministro de la Defensa Nacional y el Fiscal General sobre la información oficial requerida por este último. Más allá de las diferentes posiciones del gobernante sobre este asunto, lo relevante es la percepción que se generó acerca de la manera en la que procederá el mandatario cuando se aborde la independencia de las instituciones. Tratándose de sus primeros asuntos de Estado es muy importante que, desde un inicio, se comprenda cuáles son las atribuciones de una y otra institución pública.
La agenda del presidente durante la inauguración de su administración ha sido muy intensa. Habría sido muy bien visto que uno de sus primeros actos fuera el de convocar a los principales sectores de la sociedad para dar inicio formal al diálogo que se ofertó en el discurso del 1º de junio. Ni Petrocaribe ni la reforma fiscal deberían continuar impulsándose sin antes debatir públicamente, con los interesados, las diferentes implicaciones del acuerdo petrolero y de los nuevos tributos.
Insistir en que el primero entre en vigencia a través de un acuerdo del Órgano Ejecutivo sin que se explique con claridad el destino de la deuda adquirida por la empresa Alba Petróleos, y que los impuestos se aprueben en la Asamblea sin mayor discusión con el sector privado, podría enfriar el entusiasmo que produjo la llegada de un nuevo Gobierno y enrarecer la atmósfera de optimismo que se creó como consecuencia de los primeros mensajes del presidente Sánchez Cerén.
*Columnista de El Diario de Hoy.