Representantes del Gobierno desestiman los argumentos aportados por representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) sobre las reformas fiscales que propuso la Administración saliente. En opinión de la ANEP, las reformas serían “un tiro de gracia para la economía”.
ANEP ha propuesto que antes de pensar en nuevos tributos se implementen medidas de austeridad en el Gobierno y se apoye el crecimiento económico a fin de mejorar la recaudación. Sin embargo, el secretario general del FMLN afirma que los argumentos de la empresa privada son “escuetos”.
La estrategia política e ideológica para lograr el apoyo a dichas reformas ha sido el hablar sobre “los malos empresarios”, que éstos no tienen conciencia social, que siempre se resisten a cualquier intento del Gobierno por mejorar a la clase trabajadora y a que se recaude nuevos impuestos. Se argumenta que la acumulación de riquezas del gran capital se origina en la injusticia social, la que es promovida por tradicionales autores económicos, tolerada por los gobiernos anteriores.
Los estrategas de la izquierda acusan de la brecha entre ricos y pobres a un salario mínimo muy bajo, a impuestos que sólo afectan a la clase media, a los menos favorecidos, a la evasión y elusión fiscal de los grandes contribuyentes, entre otros. Con ello justifican políticas fiscales clasistas, supuestamente a favor de los pobres.
Las reformas propuestas modificarían los cuerpos legales siguientes: Código Tributario, Ley de Imprenta, Ley del Libro y Ley de Impuesto sobre la Renta. Y proponen la creación de tres nuevas leyes: Ley de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria Suntuaria, Ley de Operaciones Financieras y Ley de Responsabilidad Fiscal.
En el caso de las reformas propuestas al Código Tributario, son en su totalidad medidas administrativas que completan o aclaran disposiciones vigentes, que pretenden reforzar las facultades de control de la administración tributaria para la prevención de la elusión y evasión fiscal. Sin embargo, otras reformas es de pensarlas dos veces. Por ejemplo…
Las leyes vigentes conceden exención total de impuestos, derechos y gravámenes a los productos de imprenta y sus insumos, sin excepción alguna, lo que de acuerdo al espíritu del legislador constituye un incentivo tributario para el fomento de la cultura y la educación.
Según expertos, esta medida sobre productos de imprenta y sus insumos eliminaría la exención del impuesto sobre la renta, permitiendo recaudar unos US$10 millones. Sin embargo, la reforma puede derivar en el aumento de precios de los productos impresos en un 10% y 30%, algo nocivo para los textos educativos, afectando directamente a la economía familiar e indirectamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación de cultura en la población.
Por otra parte, la reforma fiscal propone crear una ley de impuestos a las operaciones financieras, tasando con el 0.25% los pagos hasta de 750 dólares realizados mediante cheques o transferencias electrónicas. Esta medida se ha comprobado que incentiva a la “desbancarización”, al estimular un aumento de las transacciones en efectivo. Más transacciones en efectivo propicia el no emitir facturas por ventas realizadas, lo que tendría gran repercusión en los mecanismos de recaudación del IVA, proveniente de operaciones domésticas y en el anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta.
La desbancarización tiene especial relevancia en el caso de El Salvador, pues dada la situación de inseguridad, el hecho de manejar mayores niveles de efectivo en las empresas, sobre todo las pequeñas y el sector informal, eleva el riesgo de ser víctimas de acciones delictivas como las extorsiones y asaltos.
El objetivo del Gobierno con estas reformas es únicamente obtener efectivo para mejorar liquidez de forma fácil y sin intereses en el corto plazo.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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