En el artículo anterior (27/4/14) me referí a la política de competencia en el próximo gobierno. En particular abordé la medida 205 del programa de gobierno El Salvador Adelante.
Hoy complemento esa reflexión analizando otra propuesta electoral: la medida 206. Esta plantea “democratizar la economía, desmontar las argollas que impiden el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas agroindustriales y de servicios del país, así como fomentar la propiedad social y la economía mixta”.
La medida incluye algunos conceptos indeterminados: “democratizar la economía”, ” desmontar argollas” o “propiedad social”. Por ello es oportuno proponer una forma de llenar de contenido esos conceptos, y así desarrollar el programa de gobierno.
Para ello, primero hay que definir el objetivo de una política de competencia.
Una política de competencia defiende eso: la competencia. Garantizando la rivalidad entre las empresas, gana la más eficiente, innovadora y que ofrece productos mejores y más baratos. Con ella también ganan los consumidores. Eso es libre mercado.
La competencia es el motor del libre mercado. Por ello, el norte de una política de competencia debe ser ese modelo económico. Una política de competencia que se utilice como una herramienta de planificación o intervención gubernamental es, cuando menos, paradójica.
Con una política de competencia congruente el rumbo de la economía lo definirá la dinámica entre nosotros, los empresarios y consumidores. Si, en cambio, son unos políticos y burócratas quienes planifican el rumbo de la economía, estaríamos ante un modelo concentrado en pocas manos. Eso no es muy democrático, y hay que “democratizar la economía”.
Habiendo aclarado el fin propio de una política de competencia, esos conceptos indeterminados de la medida 206 –“democratizar la economía” y “desmontar las argollas”– pueden interpretarse así: promover la apertura y desconcentración del mercado.
Para lograrlo es necesario: 1. Identificar las barreras que obstaculizan la competencia. 2. Promover políticas públicas dirigidas a derribar tales barreras. El instrumento para ello son las evaluaciones de impacto competitivo.
La OCDE publicó la Guía para Evaluar la Competencia. En ella se exponen los modelos que han seguido distintos países para realizar este tipo de evaluaciones, y se recomiendan algunas técnicas para ejecutarlas.
En los últimos 8 años ha sido la Superintendencia de Competencia quien realiza este tipo de evaluaciones. Lo hace mediante estudios sectoriales, y, a partir de ellos, emite recomendaciones a autoridades públicas para que reformen normas o políticas públicas que impiden la competencia y el acceso a los mercados.
Pero tales recomendaciones han tenido poco eco en el gobierno central. Además las evaluaciones se focalizan en sectores específicos. Y en vista de que la economía es un tejido complejo e interdependiente de sectores, ese formato puede carecer de una visión de conjunto. Barreras transversales a varios sectores –como las que pueden haber en la administración aduanera– puede que se examinen mejor con una evaluación más integral.
En Australia encontramos un modelo de evaluaciones de impacto competitivo que puede complementar y fortalecer el trabajo que actualmente hace la Superintendencia.
En la década de los 90 Australia hizo una evaluación con las siguientes particularidades: 1. No se analizó un sector de manera aislada, sino que se realizó una evaluación transversal a distintos sectores de la economía. 2. La evaluación se encomendó a un grupo de prestigiosos académicos independientes (Comité Hilmer); esto fortaleció su carácter técnico. 3. Fue una iniciativa del Primer Ministro; de manera que desde un inicio el gobierno central asumió un fuerte compromiso político para ejecutar las recomendaciones que finalmente se adoptaran, independientemente de cuales fueran.
La experiencia australiana fue exitosa. Un modelo parecido puede ser útil para desarrollar la medida 206 del programa de gobierno.
*Especialista en competencia.
dolmedo@espinolaw.com