Hay tres errores que este gobierno ha sido muy propenso a cometer en el tema de los impuestos. El primero es creer que los costos que estos imponen a la ciudadanía son iguales a los ingresos que el Estado recibirá por ellos. El segundo es creer que el nombre del impuesto, no su realidad, es lo que determinará quién lo pagará y a qué costo. El tercero es creer que hay impuestos que no se trasladan.
El ejemplo típico de todos estos errores son los impuestos a las empresas. Cuando se habla de estos impuestos se asume que se trata de impuestos que los dueños del capital tendrán que pagar sin tener posibilidad de trasladarlos a terceros. Este tipo de impuestos, sin embargo, no existe, excepto por la expropiación directa sin compensación, que es inconstitucional. Todos los otros impuestos al capital se trasladan e imponen costos no sólo a los dueños del capital sino también a los trabajadores y el público en general.
Esto funciona a través de las decisiones de inversión. Cuando una persona cualquiera está considerando una inversión en una actividad productiva (digamos, en una industria) examina fundamentalmente la cantidad que tendrá que poner en el negocio y las utilidades que éste le generará y en cuanto tiempo, lo cual le determinará el rendimiento que le dará la inversión. Esta persona tomará la decisión comparando ese rendimiento con el que podría tener si invirtiera en papeles con cero riesgo (como por ejemplo, comprando bonos del gobierno que se supone que siempre paga), para ver cuánto estaría ganando adicionalmente por el riesgo adicional que estaría tomando con la inversión en la actividad productiva además de todos los trabajos adicionales que tendría que realizar (manejar la empresa, enfrentar los problemas de personal, etc.). Hay un punto de rendimiento mínimo para cada inversionista, por debajo del cual prefiere invertir en los bonos del Estado que tomarse todos las molestias de una inversión industrial.
Los impuestos a las empresas suben el costo de invertir en el país, con lo que bajan el rendimiento que puede obtenerse al invertir en ellas, por lo que muchas oportunidades de inversión que podrían dar trabajo a muchas personas no se llevan a cabo porque debido a los impuestos ya no vale la pena hacerlas. La semana pasada calculé como un impuesto de un uno por ciento en el valor de una vivienda de alquiler ya pagada es equivalente a duplicarle el impuesto sobre la renta a los dueños de ella. ¿Quiénes pagarían ese impuesto? Ciertamente, los dueños de las viviendas en términos de entregar el dinero a Hacienda. Pero el pago más grande lo harán los trabajadores de la construcción, a través de no tener trabajo porque la demanda por invertir en viviendas de alquiler se va a venir al suelo. A la larga, también las viviendas, en menor oferta con respecto a la creciente población, subirán de precio, y el público en general pagará también un precio.
Es decir, el costo a la ciudadanía es mucho más grande que la cantidad que se traslada a Hacienda; voluntaria o involuntariamente, los que pagan el impuesto lo traslada a otros sectores en la sociedad, y los que lo terminan pagando los costos no son los que Hacienda pensó que los pagarían.
El infortunado impuesto a las transacciones financieras es otro ejemplo clásico de la falta de comprensión que las autoridades actuales tienen de las complejidades de la economía y los efectos de las medidas tributarias. Creyendo que este impuesto no afectaría más que a una minoría del país, el gobierno no realiza que, por afectar al corazón mismo del funcionamiento de la economía, este impuesto tendría enormes consecuencias en términos de aumentar los precios de muchas cosas, los costos de muchas empresas (principalmente las más pequeñas), de reducir los depósitos que son la base del crédito, y de reducir y encarecer a este último, con lo que además reduciría la inversión.
Es tiempo que el gobierno abandone el populismo tributario y proponga soluciones serias a los graves problemas fiscales que ha causado.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.