Durante los cinco años de gobierno del presidente Mauricio Funes la Asamblea Legislativa le aprobó US$5,681 millones en préstamos internacionales y bonos, según lo publicado en la web del Órgano Legislativo. Este monto equivale al 22.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2013. Conocer en cómo se ejecutó este gasto y en qué se invirtió, puede darle a las finanzas públicas transparencia, una cualidad de la gestión pública que es vital para ponerle los candados necesarios y solucionar la problemática de un déficit excesivo y que provoca desequilibrio a la economía.
Deberíamos de hablar y debatir sobre la necesidad de contar con una la ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad Social para que un Gobierno no caiga en populismo. Cómo se van sostener los programa sociales que la gente tanto necesita si se gasta el dinero en otros rubros y no se tiene liquidez para sostener los programas sociales.
Algunos analistas han hecho el siguiente ejercicio: El déficit acumulado del sector publico que nos deja el gobierno que termina esta semana, totaliza US$4,643 millones, generados en 58 meses a marzo del presente año. Esto equivale a 2,088 millones más que el déficit generado por la administración anterior en un período igual. Los ingresos tributarios aumentaron, elevándose de US$11,842 millones que se dispusieron en la administración anterior a US$15,553 millones en esta saliente. Lo que equivale a un alza de 31.3%.
El desequilibrio lo observan en que el gasto corriente aumentó en 40.6% durante el mismo periodo de tiempo, equivalente a US$4,687. El incremento del gasto corriente se debió a incrementos en remuneraciones, US$1,924 millones; en bienes y servicios, US$588 millones; pago de intereses, US$453 millones, y transferencias, US$1,722 millones.
Esto da como resultado que 52 centavos de cada dólar adicional que se paga en impuestos van para gasto en salarios. La causa se debe a que el número de empleados públicos subió de 128,667 plazas en mayo de 2009 a 156,129 a marzo de 2014. Un aumento de 21.3% del aparato burocrático.
Lo anterior indica que el valor total de impuestos recaudados no garantiza un efecto positivo en el crecimiento económico o en la distribución de los ingresos. El volumen de recursos que recauda el Estado no es la variable clave, sino de la eficiencia del gobierno para hacer uso racional de dichos recursos. Y por ello el énfasis en la necesidad de tener un detallado rendimiento de cuentas del gasto público.
El gasto público debería concentrarse en cinco áreas principales: educación, salud, seguridad, infraestructura e innovación tecnología. Debemos enfatizar que para lograr el progreso deseado es necesario implementar una reforma para mejorar la gestión institucional, que permita un avance sustancial en la eficiencia y calidad de los servicios públicos que se prestan.
Si se tiene voluntad política de incorporar a la base tributaria todas aquellas empresas que se mantienen en la informalidad y que por lo tanto hoy no aportan ni un centavo al Fisco, se tendría un logro que haría la diferencia como política de Nación. Es insostenible seguir ordeñando a las mismas vacas que siempre y toda la vida aportan a aquellos políticos que administran en turno la cosa pública.
Organismos internacionales, expertos y tanques de pensamiento destacan que uno de los puntos más preocupantes es el bajo crecimiento económico de la Nación, lo que impide elevar la recaudación tributaria. El crecimiento de El Salvador entre 2009 a 2013 fue de 1.8 % anual, el más bajo desde 1990. No sólo representa un bajo crecimiento sino también baja competitividad y poca generación de empleos, por eso el impacto de cualquier reforma tributaria sería muy limitada.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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