Puede afirmarse, sin temor a equivocaciones, que el sistema democrático se fortaleció el 9 de marzo. Aumentó la participación de los votantes, creció la fuerza electoral del FMLN y ARENA y se consolidaron algunos de los liderazgos al interior de ambos partidos. A la calidad de la democracia le hace bien contar con partidos políticos fuertes, arraigados en la conciencia ciudadana, que posean suficientes recursos humanos y financieros para tener presencia en todo el territorio nacional y principalmente que continúen agenciándose el respaldo ciudadano.
Ese apoyo de los electores, debe aclararse, podría ser relativo. Los partidos continúan en el último lugar cuando se consulta acerca de la credibilidad de las instituciones. Sin embargo, al preguntarles a los encuestados si la democracia puede existir sin partidos políticos, el Latinobarómetro señala que mayoritariamente creen que se necesita de estos para que el sistema funcione. Durante las recientes elecciones, los dos competidores recibieron un apoyo que no necesariamente se debe a la identificación de los votantes con los institutos políticos y es muy probable que un número considerable se agrupe en diferentes segmentos: simpatizantes, opositores al sistema que ofrece el otro partido, beneficiarios del clientelismo político, conservadores que anteponen al aspecto político sus valores morales y religiosos, críticos de la intervención del presidente en la campaña, entre otros.
En todo caso, si los partidos pretenden conservar ese crecimiento de electores, deben impulsar las reformas que los transformen en entidades democráticas y transparentes. Es necesario que abran la elección de sus candidatos y autoridades a la voluntad de la militancia y además que informen la fuente y el uso de las donaciones que reciben, tanto del Estado como de los particulares.
Por otra parte el interés ciudadano por la democracia debe continuar después del 9M. Ese día representa la primera etapa. Haciendo uso del sistema electoral transformamos la voluntad ciudadana en votos y estos en cargos de gobierno. Pero la tarea no termina con la designación de las autoridades. Una vez electos, los funcionarios se someten a la vigilancia del soberano. Con ese propósito debe ampliarse el acceso a la información pública y profundizarse la reforma electoral.
Con la primera herramienta garantizamos la participación de la sociedad convirtiendo a cada ciudadano en contralor del buen uso de los fondos públicos. Con la segunda estrecharemos el vínculo entre los elegidos y los electores. En ambos aspectos se han presentado importantes avances pero no son suficientes. El Instituto de Acceso a la Información Pública requiere de un presupuesto robusto para contratar y especializar a más abogados. Asimismo es necesario debatir una nueva reingeniería política que permita a los votantes identificar con claridad quién le representa en un determinado territorio, además de garantizar que se continuará con el mecanismo del voto directo por los candidatos a diputados.
Adicionalmente es necesario entender que la democracia no se reduce al concepto que la define como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. La democracia también es “un sistema político conformado por un conjunto de instituciones diseñadas para distribuir el poder, evitar sus abusos y garantizar que los ciudadanos puedan vivir en libertad, ejercer sus derechos y participar en la vida pública” (Hurtado, O.). En consecuencia la sociedad está obligada a supervisar que las entidades públicas cumplen con sus atribuciones y sobre todo, que quienes las dirigen actúan conforme a la ley y no las utilizan para propósitos partidarios.
La experiencia demuestra que la pasividad ciudadana permite que “la democracia pierda sustancia, que se diluyan las instituciones y se esfume el imperio de la ley; que se pierda la independencia de la justica y se limiten las libertades y los derechos; que desparezca la rendición de cuentas, se desvirtúe el pluralismo político y se termine eliminando la alternancia en los gobiernos”. Esa fue la ruta seguida en varios de los países latinoamericanos. El detonante que utilizaron esos gobernantes para dinamitar al sistema político fue el reclamo contra la falta de representatividad de los partidos. La invitación a “refundar la democracia” con el pretexto de otorgar más “participación” a los ciudadanos y menos protagonismo a las organizaciones políticas, se ha terminado transformando en la estrategia perfecta para perpetuar en el poder a las autoridades que los promueven.
Las naciones más adelantadas, económica y socialmente, son las que más años de democracia han disfrutado y las más atrasadas las que por mucho tiempo estuvieron gobernadas por dictaduras. Los países latinoamericanos con los más bajos índices de corrupción, Chile, Uruguay y Costa Rica, están gobernados por las democracias más estables de la región. Ese debe ser el gran incentivo para que después de las elecciones, los ciudadanos continuemos ejerciendo activamente nuestro papel de celadores del sistema democrático.
*Columnista de El Diario de Hoy.