El primer gran acuerdo para concluir exitosamente la transición democrática debe girar alrededor de la reforma política. Las reglas aplicables para que los partidos compitan por el poder deben ser claras, exigibles y producto del consenso de todas las fuerzas políticas. De esta manera se respeta la voluntad popular, quien gana legitima desde su origen el poder que se le ha depositado y los que pasan a la oposición aceptan sin reparo alguno el resultado de las elecciones. Si existen dudas y vacíos y éstos no son atendidos por los políticos, se arriesga la estabilidad del sistema y se alimenta la desconfianza y la incertidumbre para futuros procesos electorales.
Uno de los consensos iniciales por el que trabajó el recién fallecido padre de la democracia española, don Adolfo Suárez, fue precisamente sobre la reforma política. El recién nombrado presidente por el Rey Juan Carlos necesitaba desmontar la estructura franquista que impidió la existencia del pluralismo político durante varias décadas. Con esta iniciativa, Suárez otorgó a los españoles la posibilidad de participar en elecciones libres, periódicas, justas y competitivas.
De manera similar, en 1992, con el acuerdo de paz salvadoreño, los diferentes actores de la época entendieron que debían modernizar la legislación para los comicios, transformar al árbitro electoral y otorgar a la ex guerrilla la posibilidad de competir por el poder político. Precisamente por eso el acuerdo se concentró en los aspectos políticos y no en los económicos ni en los sociales. Se tenía claro que uno de los motivos por los cuales se generó el conflicto armado era la falta de participación de un sector importante de la sociedad en la administración del gobierno.
Ante la invitación a concertar por parte del presidente electo, los partidos deberían elevar a la categoría de prioritaria la agenda de reformas políticas y electorales. Conformarnos con un sistema que continúe basándose en la desconfianza anula la posibilidad de aumentar la calidad de nuestra democracia. Las reformas que surgieron en el pacto de Chapultepec maduraron y muchas de ellas ya no responden a la realidad actual. Se ha señalado hasta el cansancio la falta de una eficiente justicia electoral, la inexistente regulación del financiamiento político y la necesidad de incorporar a los ciudadanos en los organismos electorales temporales.
Un pacto político que impulse estas y otras reformas institucionales representaría un primer gran logro del presidente Sánchez Cerén. Soslayar a un segundo plano la reforma política sería un gran error. En buena parte de la opinión pública aún ronda la idea de presuntos “dobles votos”, reos que supuestamente ejercieron el sufragio sin tener derecho a ello, una manifiesta y evidente parcialidad del Tribunal Supremo Electoral y un uso abusivo de los recursos del Estado para hacer campaña proselitista.
No se puede pasar la página y continuar avanzando hacia la próxima elección con semejantes sospechas. Es necesario debatir sobre las reformas pendientes y acerca de las nuevas situaciones que surgieron en la reciente elección presidencial. De esta manera se aplacará la duda que sembró la oposición y se eliminará la tentación de sustituir a la ley por interpretaciones antojadizas. El conteo voto por voto cuando la diferencia entre el ganador y el segundo lugar es menor a dos puntos; la correcta aplicación de la ley durante el periodo de silencio electoral de tal forma que no se impidan las campañas de educación cívica, y una rigurosa depuración del padrón electoral excluyendo a quienes han perdido sus derechos políticos, son sólo algunas de las nuevas modificaciones cuya discusión debe entablarse prontamente en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. De hecho ya se ha iniciado.
Con la reforma política también se abrirán importantes espacios a la participación ciudadana. La democracia interna en los partidos y la transparencia de sus finanzas, la posibilidad de continuar eligiendo directamente a los diputados de nuestra preferencia, la incorporación de la oposición en los Concejos y de los ciudadanos en las Juntas Receptoras de Votos, la reducción del tamaño de las circunscripciones electorales sustituyéndolas por “distritos uninominales” en los que el elector identifique fácilmente a su representante, estrecharán el vínculo entre electores y elegidos y permitirán un mayor control ciudadano.
La vocación democrática de los salvadoreños ha quedado demostrada una vez más con el reconocimiento unánime del nuevo gobernante por parte de los diferentes sectores. Se respetaron las resoluciones del TSE y de la Sala de lo Constitucional y el llamado del presidente electo a trabajar en una misma dirección para resolver los principales problemas del país está siendo escuchado. La aspiración es que esto provoque una “explosión de consensos” que incluya como primer medida una amplia reforma política y electoral que elimine de una vez por todas la seria desconfianza en las instituciones.
*Columnista de El Diario de Hoy.