ugo Rodríguez Orellana, el votante que durante la segunda vuelta de los comicios electorales en El Salvador se convirtió en un show mediático, cuando decidió comerse su papeleta ante las cámaras –ya sea en ánimo de anular su voto para protestar por la mala calidad de los candidatos o para presumir de un sistema digestivo indestructible–, tiene un proceso iniciado en su contra por la Fiscalía General de la República. A Rodríguez se le acusa de haber cometido el delito de fraude electoral.
Si bien la FGR justifica el proceso de Rodríguez en un artículo del Código Penal, cualquier juez con honestidad intelectual y fervor a los principios jurídicos desestimará el caso, a falta de una verdadera lesión a un bien jurídico, clave en la tipificación de un delito.
Y mientras todos continuamos esperando a que el Fiscal salga ante las cámaras al estilo de show de comedia diciéndonos que en realidad todo es una broma, el trasfondo del asunto es grave e invita a la reflexión.
Una de las características de las democracias liberales es la igualdad ante la ley: es decir, la garantía constitucional de que la ley se aplicará de la misma manera a todas las personas. Fallar a esta garantía a través del aparato de justicia resulta en desigualdades creadas por el Estado y en la inevitable discriminación en el uso de la fuerza.
En un país que ocupa el puesto 69 de 99 en los rankings de Estado de Derecho, sorprende el celo repentino de la FGR por castigar supuestos fraudes electorales en los que las lesiones sucedidas fueron a lo mucho, gastrointestinales, pero no jurídicas.
Al usar el monopolio de la fuerza y el aparataje estatal para este caso, la FGR debilita las instituciones de cuya fortaleza depende la defensa de los derechos individuales.
Si en el país la política frente a la criminalidad fuera de tolerancia cero, en la que ninguna conducta escapa al escrutinio del ministerio público, no sorprendería la actitud.
Sin embargo, la situación es chocante pues no se ve que con el mismo celo investiguen malversaciones millonarias, robos a las arcas estatales, defraudaciones al fisco cometidas en nombre de una mala entendida “libertad empresarial”, las extorsiones que a diario exprimen el progreso de pequeños y medianos empresarios, o la sistemática violencia de género y abusos sexuales que no distinguen clase socioeconómica y que se han vuelto ya parte del folclor de la sociedad salvadoreña.
Al aplicar la fuerza de manera tan inconsistente, la FGR envía entonces un mensaje de que la “dura lex” sólo es dura para el indefenso, que no tiene o el poder de un cargo público como algunos funcionarios; el poder económico para comprar inmunidad o el poder de la violencia para sentar al Estado a negociar.
Casi tan grave es que al interpretar la ley de maneras que se traducen en procesos absurdos y casi risibles, la administración de justicia termina viéndose más devaluada que el bolívar venezolano, y como el bolívar venezolano terminará siendo inútil al momento de necesitar aplicarla para lo que se debe.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg