Choque de opiniones

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elsalvador.com

Por Por René Fortín Magaña*

2014-03-20 5:00:00

Entre la variedad de comentarios acerca del proceso electoral que, en dos etapas, se desarrolló el 2 de febrero y el 9 de marzo del año 2014, me han llamado la atención tres pronunciamientos de organismos e instituciones altamente respetables, destinados a modular la conciencia ciudadana del pueblo salvadoreño en una coyuntura particularmente decisiva: 1. El comunicado de prensa del Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, de fecha 12 del corriente mes. 2. El comunicado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) de fecha 10 del mismo mes. 3. El pronunciamiento de la Universidad Dr. José Simeón Cañas (UCA), de fecha 12 de este mismo mes.

1. El comunicado del Sistema de las NN.UU. dice, en parte medular, lo siguiente: “Los observadores internacionales han resaltado que los dos eventos electorales realizados este año han sido manejados de forma transparente, con elevada eficacia y con información oportuna y al alcance de todos los partidos políticos, medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales”. 2. El comunicado del MOE, por su parte, dice: “Asimismo, la MOE/OEA resalta nuevamente la eficiente, ágil y transparente transmisión de resultados electorales preliminares”. Y, si bien en su comunicado del día 4 de febrero había reprendido al TSE señalando “la necesidad de encarar en la segunda vuelta algunos desafíos importantes, como el ejercicio oportuno y de eficacia por parte del TSE de la competencia de control sobre la participación e intervención de las autoridades públicas en la campaña electoral, que ayudará a mejorar el clima de confianza y transparencia del proceso”, nada objetó en la segunda vuelta, sobre el particular a pesar de que en ella la intervención de las autoridades públicas y especialmente del presidente de la República fue aún más aguda y prolongada que en la primera vuelta. 3. El pronunciamiento de la UCA es el más encomiástico, al punto que no faltó quien lo calificara de “más papista que el Papa”. Dice así: “Prácticamente todas las misiones de observación, internacionales y nacionales, han descartado la posibilidad de un fraude electoral y han calificado el proceso y el sistema empleado como transparente, confiable y seguro. En ese sentido, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y de los miembros de las organizaciones electorales temporales, ha sido ejemplar, superando incluso algunos señalamientos hechos en la primera vuelta”.

Si esto afirman organismos e instituciones tan respetables como las citadas ¿cómo es posible que un simple ciudadano como yo, sin otra investidura que su larga lucha por la democracia y el Estado de Derecho, se haya atrevido a expresar una opinión radicalmente contraria? La respuesta nos la da don Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor / nada es verdad ni es mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”.

Porque, desde mi cristal azul y blanco, interpretando el sentir generalizado, expresé en mi artículo “Los sembradores de vientos”, del viernes anterior, que, a mi criterio, coincidente con el de distinguidos firmantes de los Acuerdos de Paz, “El Tribunal Supremo Electoral ha conducido, en sus dos etapas, el peor proceso electoral de que se tenga memoria en nuestra historia”.

¿Cómo dirimimos estas visiones tan radicalmente distintos? Pues bien, supongamos que, utilizando la terminología de Nicolás Maduro, al expresar semejante criterio lo hago porque pertenezco a la legión de fascistas, retrógrados, reaccionarios, escuálidos y gusanos que no cambian por nuevas las lámparas viejas: esa clase de gente que en Venezuela se rompe el alma luchando por un mundo mejor. Aún así, digo, someto al polígrafo (detector de mentiras) de la opinión pública mis afirmaciones sobre el proceso electoral para abrir brecha en pos de la verdad. Veamos: ¿Violó la Constitución y la Ley Electoral el TSE al permitir la propaganda antes de tiempo y durante el periodo de silencio a los funcionarios y empleados públicos (Arts. 81 de la Constitución y 172 del Código Electoral)? ¿Toleró y estimuló el TSE la desenfrenada participación del Presidente de la República en violación flagrante de las disposiciones citadas? ¿Violó el Presidente de la República los artículos 168 N° 3 y 218 de la Constitución que lo obligan a procurar la armonía social y le prohíben tomar partido? ¿Desacataron tanto el TSE como el Presidente de la República la sentencia en la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 181 del 20 de noviembre de 2013, que facultaba a los funcionarios a participar abiertamente en la campaña electoral a favor del partido de gobierno? ¿Prohíbe el Art. 234 del Código electoral la multimillonaria campaña de la compañía Alba Petróleos? ¿Ejerció el TSE una censura sesgada en contra del partido de oposición? ¿Se inició algún procedimiento sancionatorio contra los infractores de tan claras disposiciones constitucionales y legales? Hay muchas preguntas más, por supuesto, pero bastan los anteriores para proyectar el verdadero escenario de lo que, a mi juicio, ha sido una brutal imposición y un ejercicio electoral plagado de irregularidades, las cuales, con todo derecho, el partido de oposición ha impugnado a través de diversos recursos, como parte del proceso electoral. ¿Por qué callan estas atrocidades los panegiristas del proceso electoral? ¿Por ceguera? ¿Por complacencia? ¿Por temor? ¿Por complicidad? Que la opinión pública diga la última palabra.

Con la presente entrega, suspendo la publicación de mis artículos. Todo está ya consumado, y nada puedo agregar a lo que de sobra he venido denunciando. Agradezco a El Diario de Hoy su generosa acogida, y a mis lectores la atención prestada a mis impertinencias. Deseo para mi país, que tanto valor ha demostrado, la mejor de las suertes en el duro camino que le espera. Por mi parte, y hasta donde Dios me dé vida, musitaré cada mañana, desde mi atalaya, la oración que Borges nos enseñó: “Dame Señor coraje y alegría/ para escalar la cumbre de este día”.

*Doctor en Derecho.