egún datos del Tribunal Supremo Electoral, más de medio millón de salvadoreños incluidos en el padrón electoral no renovaron a tiempo su Documento Único de Identidad y por tanto se quedaron sin votar. Tampoco sufragaron más de ciento treinta mil salvadoreños residentes en el exterior porque no se empadronaron y además no se les habilitó una urna especial en el país para ese propósito.
El presidente del organismo electoral explicó que estos datos reducen el padrón de 4,955,107 electores a 4,280,052 personas facultadas para votar. Un total de 675,055 ciudadanos menos que por supuesto impactan el dato de participación electoral. El porcentaje de los que asistieron a votar aumenta del 54% al 64%. Además el cambio señalado arroja una “fuerza electoral” de los partidos muy diferente a la calculada con los datos preliminares que anunció el TSE, que básicamente permite afirmar que el FMLN mantuvo el mismo apoyo que en 2009.
Los argumentos para ajustar el padrón generan dudas razonables. Esas 542,974 personas que no renovaron el DUI pudieron hacerlo hasta un día antes de la elección. Simplemente decidieron no actualizarlo y no votar. Es un caso similar al de los más de dos millones que prefirieron quedarse en casa. Si aplicamos el mismo criterio del Tribunal a estos últimos, entonces también restemos los que consideramos que no votaron porque estaban impedidos por razones de salud, por falta de transporte para asistir a su centro o por temor a represalias de las pandillas. Además los magistrados deben explicar si este mismo “ajuste” aplica para anteriores elecciones.
Quienes no poseen el DUI vigente y los que no votaron porque, residiendo en el extranjero, no tuvieron facilidades para sufragar en El Salvador, deben exigir de la autoridad electoral y de la Asamblea Legislativa una explicación. Ambas instituciones estaban en la obligación de aprobar y ejecutar, según se trate de una y de la otra, las disposiciones necesarias para incentivar a estos electores a participar en los comicios del 2 de febrero. Y lo siguen estando para la segunda vuelta del 9 de marzo. Las acciones son muy claras: autorizar la gratuidad del DUI, realizar campañas para la renovación de dicho documento y aprobar por decreto legislativo la creación de la urna especial para los salvadoreños que se desplazarán del extranjero para votar en el país.
Por supuesto que la gratuidad del DUI y las campañas para llamar a su renovación tienen un costo. Debe pagarse a la empresa que presta el servicio de emisión del DUI y a los medios de comunicación que transmitirán los anuncios publicitarios. Basta utilizar el dinero que la presidencia de la república ha invertido en las campañas millonarias que persuaden a votar por el partido oficial y además ordenar a la televisión pública que ceda espacios para la campaña, y la inversión requerida estará cubierta.
Sin embargo no existe voluntad política. El TSE no motivó a ejercer el sufragio, tampoco se esforzó por animar a los votantes a renovar su DUI vencido ni presionó a la Asamblea para que se aprobara la mencionada urna especial para los salvadoreños que viven en el exterior. Prefirió guardar silencio sobre la “sobrestimación” del padrón y anunciar el “re- cálculo” hasta pasada la primera vuelta. Ahora algunos de sus magistrados utilizan “el ajuste” para legitimar el proceso electoral argumentando que en realidad la participación rondó, en promedio, los niveles de las dos pasadas elecciones presidenciales.
La diferencia entre ARENA y el FMLN fue bastante clara. No se necesita manipular los datos para que los ciudadanos la deduzcan. El Frente ganó en 13 de los 14 departamentos. Esta victoria representa una ventaja de votos a su favor en 187 de los 262 municipios. También recuperó el apoyo de los habitantes de varios municipios de San Salvador que le retiraron la confianza en las elecciones legislativas y municipales de 2012. En la jornada del pasado domingo fueron en total 10 puntos de diferencia a su favor respecto del partido de derecha.
Sin embargo la legitimidad de las victorias en materia electoral no depende exclusivamente del número de votos obtenidos. Hay otros factores que deben analizarse. Principalmente aquellos relacionados con la equidad de la elección y la actuación del árbitro electoral. Cuando se continúa ignorando la fiscalización del financiamiento político, no se motiva al ciudadano a elegir a sus autoridades, se ignora por completo a quienes no tienen vigente el documento necesario para votar, se impide que quienes viven en el exterior tengan facilidades en el país para que viajen y participen del evento comicial y se mantiene una actitud complaciente con altos funcionarios que se prevalecen del cargo para hacer política partidista, simplemente el juego no es tan limpio ni el triunfo completamente legítimo.
Esperemos que para la segunda vuelta el próximo 9 de marzo, la sociedad civil organizada, la comunidad internacional y los políticos decentes exijan la corrección de estas debilidades.
*Columnista de El Diario de Hoy. S