ntes de tomar una importante decisión, es la costumbre de cualquier persona precavida informarse lo más posible. Si es un carro, algunos preguntarán la eficiencia del combustible y las medidas de seguridad. Si es una casa, verán cuidadosamente cada rincón y recoveco, buscando asegurarse de la calidad. En ambos casos, se buscan garantías de que la inversión valdrá la pena, que no terminará siendo un detrimento a la calidad de vida, y que si llegara a fallar el producto, habrá formas de hacer valer los derechos individuales.
Por desgracia, hay otros mercados en los que exigir garantías, cosa que debería ser nuestro derecho, se vuelve un lujo. Como mencioné en una columna de julio de 2010 en este mismo espacio, para nuestros votos no existe la “Defensoría del elector”. Muchas veces votamos por candidatos esperando que sean licuadoras y no hay a quién acudir cuando nos sorprenden meses después, convirtiéndose en piedras de moler. El concepto de la rendición de cuentas les es tan foráneo a nuestros políticos como lo sería para una vaca bailar un vals.
Sin embargo, no tiene por qué seguir siendo así. La Constitución nos regaló, con aquella excusa de la legitimidad democrática, el carísimo artículo 80 de tener que ir a segunda vuelta si un candidato no alcanza la mayoría absoluta a la primera. Ese “para ver si es cierto” que nos dejaron los constituyentes deberíamos saber aprovecharlo para nuestro beneficio y exigir de los candidatos que quedan las garantías que no nos supieron dar en medio de la campañitis previa a la primera ronda.
Hay garantías que hay que pedirles a ambos: de que respetarán la Sala de lo Constitucional, aún cuando el Estado de Derecho se les vuelva un incómodo obstáculo a sus planes políticos. Que observarán y vetarán las sinvergüenzadas que algunos intentan disfrazar de ley, pasadas a fuerza de madrugones en la Asamblea Legislativa, volviéndose el freno y contrapeso que su cargo está diseñado a desempeñar según nuestro sistema republicano.
Otras garantías son específicas a cada uno, según lo que han dicho o les ha faltado decir. El candidato Quijano, deberá explicar detenidamente cómo es eso que tan a la ligera dejó ir, de militarizar la seguridad. En un país con una historia de militarismos abusivos a los derechos humanos la militarización de cualquier cosa nos despierta resquemor a los que creemos en las limitaciones al poder. También deberá dar garantías de que a diferencia de otros miembros de su partido, no habrá cheques ni donativos que se salten el debido escrutinio institucional.
Le toca más difícil al candidato Sánchez Cerén pues por lo que calla, hay mucho que los votantes no tenemos garantizado, como por ejemplo, si a cambio de las ofertas de la tierra de leche y miel que financiará el ALBA, tendremos los ciudadanos además que hipotecar nuestros derechos individuales. Los múltiples reportes de Human Rights Watch (disponibles y de fácil acceso) en los que se destacan violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, hacen que exigir la garantía anterior no sea descabellado, lo mismo las súplicas de las familias de prisioneros en Venezuela, cuyo único pecado fue disentir o las noticias de que el presidente Correa, el del gobierno que acuño eso del “buen vivir”, se molestó con un caricaturista por lo que considera una burla a su reinado y le metió una sanción al periódico, ahogando la libertad de expresión. El que Sánchez Cerén no condene estos abusos y no se desmarque por completo hace necesario que necesitemos esa garantía, cuya mera exigencia algunos tacharán de campaña de miedo. No es campaña, es miedo real.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezgA