Eran jóvenes y estaban inconformes con el status quo. Decidieron salir a las calles a exigir sus derechos porque la pasividad los ahogaba. Llenar las aceras con sus gritos era mejor que la impotencia de que lo demandado en las urnas no era lo que se recibía. Protestar, al cabo, es un derecho, pensaban. Nada más peligroso para un gobierno autoritario que un pueblo informado y si la información los lleva a la acción y al reclamo, las horas del autoritario de turno están contadas.
Se despidieron de sus familias y salieron a marchar. Fueron víctimas del terrorismo de Estado, ese producto desagradable que resulta cuando el cáncer del poder que carcome a algunos gobernantes entra en etapa de metástasis y extingue la capacidad de razonar y de sentir compasión. Primero con gases lacrimógenos y después con armas de fuego, se silenciaron las voces que pedían cambios. Pero sus voces no fueron las únicas que callaron. La prensa no cumplió su labor de informar de que el Estado, cuyo fin de ser es el individuo, había volcado sus fuerzas y su poder en contra de sus propios ciudadanos. La historia de la masacre refleja cómo ser estudiante disidente y hacer uso de la libertad de expresión se pagaba con la vida en El Salvador de 1975.
Al parecer, estos métodos de represión son de rápida consulta en el manual del dictador latinoamericano. Aprovechando que algunas instancias de derecho internacional no son más que decorativas, se violan derechos humanos y se censura a los medios de comunicación con la facilidad de quien apaga las luces. Por suerte para quienes seguimos creyendo que el individuo siempre será más importante que el Estado, esta oscurana ya no tiene los mismos resultados: la censura mediática es intrascendente en una era en que los ciudadanos tienen la capacidad de informar al mundo a través del acceso tecnológico. Los apagones mediáticos ahora obtienen como reacción una ciudadanía que enciende millones de velas para, como dijera San Ignacio de Loyola, “prender de fuego el mundo”.
Fue así como en Venezuela, el heredero de la revolución bolivariana abrió fuego contra los suyos y cayeron muertos dos jóvenes, cuyo único pecado era exigirle a su gobierno el respeto a sus derechos. Reclamaban al Estado lo mínimo: que recuerde aquello que le dio razón de ser: el individuo, y no las ideologías rotas ni las peroratas políticas, ni el populismo clientelar, ni los saqueos comerciales que causan escasez, ni la ausencia de Estado de Derecho que permite el surgimiento de colectivos mercenarios.
Maduro no ha dado explicaciones ni ha rendido cuentas por las muertes estudiantiles en Venezuela, como tampoco lo hicieron los coroneles que impunemente ordenaron la masacre estudiantil en El Salvador de 1975. La impasibilidad ante las muertes venezolanas es complicidad, ausencia de empatía, y falta de memoria histórica después de haber sufrido lo mismo en carne propia. Ojalá que a la empatía hacia las víctimas la acompañe la resolución de jamás abrir la puerta a la posibilidad de que se vuelva a repetir algo así en nuestras tierras.
*Columnista de El Diario de Hoy.