No hay peor pobreza que cuando una sociedad pierde de vista el valor de la vida humana. No hay peor injusticia que el abuso del poder para el beneficio de los pocos cuando la mayoría de ciudadanos sufre el flagelo de la criminalidad y la violencia. No hay peor estafa que el populismo de falsas promesas sociales de candidatos y partidos que saben no podrán cumplirlas, cuando en la calle la gente no sabe si ese día le tocará ser víctima.
El rol primordial de un Estado, y de cualquier gobierno de turno, es resguardar la vida humana. La protección de la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Diferentes visiones ideológicas difieren sobre el alcance que debe tener el Estado en la sociedad, pero nadie puede negar que la prioridad No. 1 debe ser la vida humana. En una sociedad moderna no hay espacio para ideas radicales que valoran al Estado y al gobernante por sobre la vida de los ciudadanos.
Parafraseando a Stalin ante nuestra realidad nacional: una muerte es una tragedia. 16,000 muertos es una estadística. Y es que esta es la cifra aproximada de asesinatos reportados en los últimos años (http://bit.ly/1imJLrV). Mientras tanto, el manejo de la seguridad pública por parte de nuestros gobernantes sigue siendo mediática y electorera.
A diario vemos nuevas cifras de asesinatos, de extorsiones, de violencia, de ataques de todo tipo a la integridad, dignidad y vida de los salvadoreños, y cada día nos impacta menos. Nuestros gobernantes ofrecen todo tipo de planes y proyectos de nombre bonitos con intención de generar buenos titulares de prensa, pero en la calle nuestros hermanos salvadoreños se resignan cada vez más a que en la vida uno es víctima o victimario.
¿Qué esperanza tienen nuestros jóvenes si esta es la única realidad que conocen? ¿Qué futuro tiene nuestra sociedad si permitimos que esta situación se siga pudriendo de la forma en que lo ha hecho?
Parte de la definición del Estado es el monopolio del uso de la violencia y el control del territorio nacional. Si un Estado, y su Gobierno como representante de tal, es incapaz de mantener el control territorial dentro de sus fronteras, y así el monopolio del uso de la violencia, ha fallado en su función y propósito de existencia. En este sentido, cualquier organización criminal y/o violenta que busque controlar parte del territorio nacional con el propósito de controlar ciertas actividades económicas y de imponer cualquier tipo de tributos a la población, está siendo una competencia directa e ilegítima del Estado.
Cualquier gobierno ante dicha situación tiene como obligación prioritaria enfrentarla de la forma más inmediata y recuperar el control territorial y el monopolio del uso de la violencia para asegurar la protección de la vida, propiedad y libertad de sus ciudadanos. Nuestros gobernantes han fracasado en sus obligaciones hacia nosotros los ciudadanos, y los salvadoreños están pagando por este fracaso con sangre.
Sea quien sea nuestro próximo presidente, como ciudadanos debemos demandar que se priorice de forma sensata y convencida la seguridad de los salvadoreños desde su primer día en la silla presidencial. Tendrá menos de un año para demostrarnos su compromiso en hacer esto una realidad, de lo contrario, como ciudadanos y votantes debemos castigarlo a él y a su partido en las elecciones legislativas del 2015.
Cumplamos nuestro rol como ciudadanos y como sociedad civil y ejerzamos toda la presión posible para que nuestro próximo presidente deje atrás el pésimo manejo mediático de la seguridad de los últimos gobiernos y que por primera vez le ofrezca a los salvadoreños la auténtica oportunidad de desarrollar sus vidas con esperanza y dignidad.
*Colaborador de El Diario de Hoy.