En la ofensiva oficial actual, que incluye manipular instituciones estatales con fines políticos electorales, funcionarios acusan mediáticamente a rivales políticos y generadores de opinión disidentes, de presuntos actos de corrupción durante su participación en gobiernos anteriores. Algunas personas defienden los irresponsables señalamientos de burócratas gubernamentales, apelando al derecho que tiene la ciudadanía de conocer los detalles de los casos a los que hacen alusión.
Todos debemos saber las particularidades de este tipo de hechos, ya que implica un mal manejo de fondos que provienen de impuestos cancelados por la ciudadanía. Sin embargo, nunca en detrimento de la efectividad y eficiencia del proceso de indagación, persecución y castigo, ya entonces se estaría a favor de conocerlos, pero no de castigarlos. El efecto nocivo de revelar detalles de un incidente delictual sobre su investigación y persecución, es proporcional a la complejidad del hecho y el poder, alcance, peligrosidad e influencia de los posibles imputados. Dar a conocer información relativa a casos en investigación provee a los implicados una ventana de oportunidad para influir u obstaculizar las indagaciones y/o la persecución judicial, disminuyendo así las probabilidades de ser capturados y castigados.
En consonancia con esta premisa, el artículo 76 del Código Procesal Penal establece que “las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso”. Adicionalmente, el literal k) del artículo 49 del Reglamento de la Carrera Fiscal establece como una “infracción muy grave” el que un fiscal facilite “a terceros información confidencial relativa a casos en investigación o de sus expedientes”.
Revelar información sobre investigaciones, por lo tanto, además de poner en peligro los resultados del trabajo de la Fiscalía y disminuir las probabilidades de castigar a los implicados, viola la normativa vigente. Las personas que favorecen divulgar indicios antes de que los hechos sean investigados, la evidencia recaba, los imputados individualizados y el caso judicializado, no tienen un compromiso genuino con combatir la criminalidad, sino de gozar de los beneficios derivados del impacto ciudadano que genera la diseminación de las particularidades del hecho.
La fuga de información, prohibida por ley y sancionada incluso por la normativa disciplinaria de la Fiscalía, es algo que el titular de Institución debería de perseguir intensamente. Este tipo de casos y la reacción del fiscal Martínez ante ellos, puso a prueba la autenticidad de las intenciones que pregona de combatir el delito y, en especial, la corrupción, con resultados poco alentadores.
Ya se han dado casos similares en el pasado con tristes desenlaces. El caso de Mario Belloso, activista político de extrema izquierda de la Brigada El Limón, que asesinó con un fusil de asalto a policías de la UMO afuera de la Universidad Nacional en julio del 2006, es un buen ejemplo. Cuando Belloso fue capturado, se fugó una grabación de su interrogatorio (que incluso aún está en YouTube), en la que narra a las autoridades la participación de icónicos líderes del FMLN en el financiamiento, adoctrinamiento y dirección de grupos armados como el suyo. Esta fuga de información persiguió objetivos políticos, muy alejados de indagar y castigar las acciones señaladas. Nadie indagó o procesó a la persona que fugó la grabación de Belloso, a pesar que violó la ley y afectó negativamente el desarrollo de cualquier investigación.
Es necesario que los salvadoreños seamos exigentes con nuestros funcionarios y no nos prestemos a los juegos electoreros en los que pretenden sumergir a la ciudadanía y a la institucionalidad del país. No permitamos que con rumores o acusaciones pegadas con saliva nos quieran convencer que trabajan por combatir la corrupción, cuando en realidad sólo están interesados en la consecución de sus objetivos políticos. Jugar su juego es perpetuar los males de la política partidaria salvadoreña.
*Criminólogo
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