Más del 70% de los ciudadanos consultados por la Universidad Tecnológica respondieron en la última encuesta que no conocían las declaraciones de la Fiscalía General de la República en el caso CEL-ENEL. Del 26% de personas que le han dado seguimiento a este proceso penal, el 79% por ciento expresó que esa situación no modificaría su decisión de voto. Los datos revelan que los votantes intuyen claramente que nos encontramos en medio de una competencia electoral por alcanzar el poder político y por tanto se debe ser muy selectivo al momento de valorar la avalancha de noticias, propaganda, acusaciones y contraacusaciones orientadas a ganar el favor de quienes elegirán al próximo gobernante. De entre los factores que están influyendo en la campaña parece que los “spots” de televisión y la entrega de bienes en las comunidades se encuentran por sobre las acusaciones de la presunta malversación de fondos.
En contraste con la indiferencia de la población a los casos judicializados recientemente, existen problemas estructurales y de fondo que la gente identifica con claridad y a los que el gobierno de turno, los partidos políticos y los candidatos a la presidencia no les están prestando atención. La encuesta de LPG Datos del mes de noviembre señala que 62.1% de los entrevistados creen que el país va por el rumbo incorrecto, mientras que el 67.9% considera que la situación general del país está mal o muy mal. El 56.1% de la población identifica a la inseguridad como el problema principal y a las pandillas como el factor que más intranquilidad les genera. El segundo problema más aflictivo es el económico y dentro de éste la falta de empleo es criticada por los encuestados.
Otro estudio de opinión pública elaborado por la Universidad Francisco Gavidia, indica que aproximadamente el 80% considera que el gobierno ha trabajado poco o nada para dar soluciones a los problemas del país. De la misma manera, el 70% cree que la actual administración tampoco le ha prestado atención a lo que la gente necesita. Esta encuesta coincide con la de LPG Datos al identificar a la inseguridad y a la economía como las quejas más frecuentes citadas por los salvadoreños.
El promedio de homicidios ha aumentado, las finanzas públicas continúan deteriorándose, el clima de inversiones se ha oscurecido arriesgando la asignación de un nuevo compacto de los Fondos del Milenio. En el Informe de Competitividad Global 2013-2014 publicado por el Foro Económico Mundial, no obstante haber mejorado de posición pasando de la ubicación 101 a la 97 de entre 148 países, estamos muy lejos de recuperar la favorable situación que alcanzamos en 2003 en el lugar 48. Entre las desventajas competitivas del país identificadas por este organismo internacional sobresalen la poca transparencia pública, el desperdicio de recursos públicos, los costos del crimen y la violencia, la calidad de la educación y la baja transferencia tecnológica, entre otros.
Por su parte, la población ha demostrado serias reservas sobre la tregua, y estas se reflejan en la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentada el 28 de mayo de 2013. La encuesta revela que el 83.1% de la ciudadanía confía poco o nada en esta medida, y al mismo tiempo, el 72.6% piensa que la llamada tregua ha reducido poco o nada la delincuencia en el país.
El país tiene también retos importantes en materia de diálogo social. Tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo Superior del Trabajo se encuentran paralizados debido a la falta de representación de uno de los sectores que los integran. En uno faltan los empresarios y en el otro los sindicatos. Esta situación es el reflejo de la polarización y la total ausencia de apertura al debate.
Ciertamente no se puede descuidar el combate a la corrupción. Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de Vandelbirt, la percepción de la corrupción pública en El Salvador es alta. Los salvadoreños evaluaron el nivel de corrupción en 65.6 sobre 100 en 2012, presentando un leve aumento del 64.6 de 2010, pero estando dentro del margen de error. Sin embargo es preocupante la confusión que se ha generado en editorialistas, periódicos, líderes de opinión, académicos, intelectuales y religiosos, sobre el tratamiento legal y mediático que se le está dando a los presuntos casos de corrupción de administraciones anteriores.
Pero lo más aflictivo y angustiante es que el resto de problemas nacionales, algunos de los cuales se describen en esta columna de opinión, están siendo ignorados por las autoridades. Es necesario erradicar la corrupción, pero también es imprescindible generar empleo, combatir la delincuencia, mejorar el clima de negocios, eliminar los obstáculos que hacen al país menos competitivo, resolver el serio problema de la deuda pública y avanzar en la reforma política.
*Columnista de El Diario de Hoy.