La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado ha finalizado y presentado el anteproyecto de la Ley de la Función Pública, que amplía los elementos básicos de los cinco artículos de la Constitución que norman el servicio civil en nuestro país. La Ley de la Función Pública busca modernizar el Estado salvadoreño desde una situación de clientelismo político que, por ejemplo, los Estados Unidos superó a mediados del Siglo XIX.
El anteproyecto de ley es ambicioso pero al mismo tiempo necesario. Una reforma profunda como la que propone incide directamente en la manera cómo se ejercita el poder, ya que el aparato público es el instrumento que utiliza el poder político para alcanzar sus objetivos. Si los funcionarios públicos son considerados un instrumento del poder político, es obvio que los criterios que se aplicarán para su selección serán aquellos que aseguren la visión propia del gobierno en turno. El funcionario es contratado o preservado no principalmente por sus méritos o características éticas sino por la afinidad que muestra hacia los intereses del sector que detenta el poder político. La burocracia pública se convierte en el recurso con el cual se sufraga el clientelismo político, lo cual, se percibe de manera muy natural. Tal concepción, vuelve al aparato público lento, ineficiente y consumidor de una gran tajada del presupuesto general de la nación. Pero, sobre todo, priva al país de la posibilidad de articular una ruta de nación que se levante por arriba del enfoque coyuntural de las administraciones que se suceden.
La propuesta de Ley de la Función Pública busca modernizar, democratizar y hacer eficiente el aparato público. Con ello, la ciudadanía, por primera vez, experimentará que las instituciones de gobierno están a su servicio. Percibirá al funcionario como su servidor. Pero, además, los márgenes de corrupción se reducirán al establecer perfiles de funcionarios más profesionales, éticos y con la posibilidad de ascender en la escala del aparato por sus capacidades y no por los intereses oportunistas del gobierno en turno. Pero, el elemento más importante que facilita esta ley es que abre el espacio para poder elaborar y ejecutar políticas públicas de largo plazo. Dichas políticas harán posible resolver problemas agudos tales como el de seguridad y su raíz detonante de la exclusión económica. De esta manera, la ciudadanía recibirá respuesta a sus necesidades más sentidas. Por otra parte, el anteproyecto de ley también vela por el servidor público ya que establece los derechos y deberes del trabajador. Norma con procesos justos las terminaciones laborales, establece procedimientos para erradicar el acoso laboral y sexual en el sector. Reconoce el derecho a sindicalizarse y guía para la resolución de conflictos por medio de la negociación colectiva.
No hay duda que la Ley de la Función Pública no sólo es deseable sino también necesaria. Pero, paradójicamente, debe ser aprobada y promulgada por aquellos a quienes más afectará: a los políticos de carrera que se han habituado a recompensar a sus clientes precisamente valiéndose del aparato del Estado. La promulgación de la ley solamente se logrará en la medida que la ciudadanía se apropie de ella y presione para su aprobación. De lograrse, este sería el mayor legado de la clase política al futuro del país. Todo un cambio de cultura y de concepción del Estado.
*Pastor general de la misión cristiana Elim.