Cambiar una cultura de secretismo es un proceso largo, pero que afortunadamente en El Salvador avanza con el férreo apoyo de la sociedad civil, especialmente del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual se ha mantenido activo y vigilante durante la implementación de la misma.
En ese sentido y con el interés en continuar conociendo y difundiendo buenas prácticas en transparencia, eficiencia de la administración pública y combate a la corrupción, FUSADES y Fundación DTJ, apoyados por la Embajada de Chile, organizaron diferentes actividades con dos expertos chilenos, Alberto Precht y José Luis Santamaría. Conocer experiencias exitosas en la temática permite valorar lo que El Salvador ha recorrido, además de visualizar los retos para implantar una cultura de transparencia. Estas actividades se realizaron de cara al “Día de Lucha contra la Corrupción”, celebrado por Naciones Unidas cada 9 de diciembre.
Vale decir que Chile fue un referente durante la elaboración de la ley salvadoreña. No debe extrañar que Chile tiene una nota positiva de 71/100 en percepción contra corrupción, mientras que El Salvador tiene un 38/100.
Esta nota del país es reflejo de las resistencias que aparecen en nuestro día a día. En El Salvador,todos somos testigos de cómo el presidente de la Asamblea Legislativa incumple la ley al negarse a publicar el listado de asesores de dicho órgano. Habiendo recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y con preocupación se ha conocido de la decisión de la misma, en el sentido de suspender el acto reclamado.
Pero hay esperanza. En Chile la transparencia es una política de Estado, lo que ha permeado en la clase política, reduciendo drásticamente la corrupción. Todos los funcionarios declaran su patrimonio, lo cual es público. Se reconoce que los ciudadanos deben saber cómo se usan los fondos públicos; al fin, estos salarios costean el pago de los impuestos. Adicionalmente, cada tres años actualizan sus declaraciones, permanezcan o no en sus cargos.
Ante el argumento de que hay peligros de delincuencia, se comentó que el Banco Mundial ha realizado un estudio sobre casos de hechos criminales cometidos a funcionarios públicos. Con dicho estudio se pudo comprobar que no han sido consecuencia de haber publicado sus salarios. No hay datos empíricos que puedan sustentar esta teoría. En países más cercanos como México, que también padece de crimen organizado, se publican los salarios de los funcionarios públicos.
La experiencia chilena en materia de transparencia nos brinda información importante en aspectos de organización, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Transparentar el manejo de los fondos públicos, así como de la mejora continua de los servicios y actuaciones del Estado, les ha permitido contar como mayores niveles de legitimidad y credibilidad en el aparato estatal, así como elevar la participación ciudadana.
En ese contexto, el foco de atención es la modernización del Estado, buscando que el gobierno sea cercano, abierto y transparente, es decir que esté al servicio de los ciudadanos, que les incentive a ser participativos y que los servicios públicos estén más integrados.
Para ello, Chile implementó programas de bajo costo económico, aunque de grandes esfuerzos de coordinación entre oficinas de gobierno. Dieron atención a la transparencia y calidad de los servicios que se prestan al ciudadano. Por ejemplo el programa “Chile atiende“, integra en una ventanilla única, y en línea, más de 2,300 servicios de toda índole: información sobre subsidios y trámite para obtenerlos, servicios de apoyo a la mujer, trámites de las diferentes instituciones, etc.
Dentro de esa facilitación para el ciudadano, no se piden documentos de identidad o partidas de nacimiento, pues se parte de la lógica que el Estado ya cuenta con esa información y por tanto es su responsabilidad integrar la información que administran las diferentes instituciones, en vez de tirarle la carga al usuario. Una de las premisas fue “cero colas y poco papel”, porque en las colas y en el papeleo se crean focos de corrupción.
Como en Chile, los salvadoreños también debemos aspirar a tener un Estado más eficiente, transparente y cercano; un Estado con instituciones sólidas y confiables.
La aprobación de la Ley de Acceso a la Información fue sólo un comienzo. Ha venido a quedarse, como una de las bases modernas para la transformación del Estado que todos queremos. Ahora toca continuar impulsando la implementación de esa cultura de transparencia, que provoque incondicionalmente la eficiencia del Estado.
*Columnista de El Diario de Hoy.