dam Smith cuenta que en el S. XVI Isabel I decretó el Estatuto del Aprendizaje. Se prohibía que un fabricante de coches elaborara ruedas; pero sí se permitía que un fabricante de ruedas produjera coches.
La reina protegía a los ruederos en perjuicio de los cocheros. Otra ley corporativa.
Smith reprocha este tipo de leyes: “El prevenir [la] reducción en el precio, y consecuentemente en los salarios y los beneficios, es el propósito por el que han sido promulgadas la mayor parte de las leyes corporativas, cuyo objetivo es restringir la libre competencia que inevitablemente ocasionaría ese abaratamiento”.
El filósofo escocés dice que sin ese proteccionismo se incrementaría la competencia. Es cierto que con más competencia los empresarios que gozaban del proteccionismo pueden reducir su bienestar; pero, en su lugar, los consumidores resultarían beneficiados. Con más competencia “el trabajo de todos los artesanos llegaría al mercado a un precio mucho menor”, diría Smith.
Por ello, así como el libre mercado es incompatible con ese Estado planificador, también lo será con el Estado corporativo; ese que protege los negocios de un grupito.
Los políticos pueden caer en la tentación de ejercer el poder favoreciendo a sus empresas. El poder y el dinero que los ciudadanos les damos es para que, a cambio, nos presten servicios públicos (justicia, seguridad, salud y educación). No les damos nuestro poder y dinero para que elaboren normas o políticas públicas dirigidas a proteger o darle ventajas a sus negocios.
Por eso el Estado que los políticos de turno instrumentalizan para favorecer a sus empresas no es ni liberal ni socialista. Es un Estado mercantilista. Una cínica burla a los ciudadanos.
Puede ocurrir que un empresario sin vínculos políticos acuda al gobierno para solicitar protección o alguna ventaja frente a sus competidores, clientes o proveedores.
Buscar refugio en los políticos puede ser insensato. Cuando se acude al gobierno no se acude a un ser abstracto. Se toca la puerta de políticos; individuos que tienen sus propios intereses. De manera que el cobijo que ofrece una ley corporativa no es gratuito. Implica entregar las llaves de la empresa a esos señores: los políticos.
A un empresario puede interesarle que el gobierno construya barreras que le protejan de competidores. Pero mientras se le cierra la puerta del mercado a la competencia, se le abre la puerta de la empresa a los políticos. Si estos entran a la recepción, puede que también quieran sentarse en su sillón.
En ese escenario el destino de los negocios ya no dependerá sólo del talento, las capacidades y el esfuerzo propio. Dependerá también del capricho de los políticos. Nada garantiza que esos políticos que hoy protegen el negocio, mañana aumenten sus exigencias: que se les financie la próxima campaña, se les entregue una silla en la junta directiva o, ¿por qué no?, ser los nuevos socios.
Es riesgoso dejar que los políticos entren a una empresa. Lo prudente es conservar el destino en manos propias. Aunque es cierto que la competencia es una amenaza para los empresarios, es preferible enfrentarla haciendo uso de la habilidad y eficiencia propia y no depender del volátil interés de los políticos. Confiar el éxito de los negocios a la protección de los políticos es ineficiente y peligroso.
Por ello, tan peligroso como el Estado planificador es el Estado corporativo. Ese que protege los negocios de la aristocracia política y sus amigos. El Estado no está para defender los negocios de particulares; está para defender el mercado. No es lo mismo. No es igual.
*Especialista en Competencia.
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