El debate sobre el financiamiento de los partidos y su regulación no es nuevo. En 1932, James Kerr Pollock, politólogo de la Universidad de Michigan, sentenció que la relación entre el dinero y la política se había convertido en uno de los grandes problemas del gobierno democrático. Desde entonces la fuente de ingresos de los partidos ha estado bajo sospecha. La disputa sobre su origen no surge elección tras elección como una estrategia para desprestigiar a nadie. Nace de la incógnita que genera la falta de transparencia de esos recursos y de la total ausencia de regulación por parte de la autoridad electoral.
Además no es una discusión centrada en la conveniencia o inconveniencia de dotar a los políticos de ingresos durante y fuera de las épocas de campaña. Que la democracia tiene un costo y en consecuencia es importante que la sociedad lo asuma no está en duda. Con el dinero los partidos promocionan sus ideas, capacitan a sus miembros y mantienen estructuras territoriales a nivel nacional. Su finalidad última es alcanzar el poder político. Con ese propósito compiten en elecciones y cada uno intenta convencer a los ciudadanos que su plataforma representa la mejor opción para solucionar los problemas nacionales. Por tanto no deben esconderse para reclamar el apoyo del Estado ni avergonzarse de solicitar donaciones a los privados. Como contrapartida deben informar quién los apoyó, cuánto les entregó y para el caso del dinero público, en qué lo invirtieron.
El financiamiento político no representa entonces una patología. No es una enfermedad del sistema democrático que amenaza su estabilidad y pone en riesgo el funcionamiento del Estado. Es “la leche materna de los políticos” afirmaba Jesse “big daddy”, un político norteamericano. Como tal, replica otro politólogo de nuestros tiempos, esa leche presenta “elementos importantes de toxicidad que es preciso eliminar, al menos, controlar para que no destruya el organismo democrático”. (Zovatto).
En El Salvador no existen leyes que establezcan la supervisión estricta del financiamiento de los partidos. No hay una regulación seria. No ha existido ni hoy ni nunca. La legislación de partidos aprobada a inicios de año incorporó una muy floja normativa, con el agravante que esas disposiciones entrarán en vigencia hasta septiembre de 2014, a pocos meses de las elecciones legislativas y municipales. Una de esas obligaciones consiste en “llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna en los períodos de gestión conforme a su estatuto, sobre el uso de sus recursos propios y de los obtenidos por el financiamiento público”. Por ahora no existen ventanas a través de las cuales los ciudadanos puedan asomar su mirada y confirmar que no estamos en presencia de lavado de dinero, uso de recursos del Estado, apoyos financieros de un país extranjero o donaciones de entidades públicas nacionales.
La falta de un ordenamiento jurídico riguroso sobre esta materia no se debe a la inexistencia de propuestas. Son varias las organizaciones de la sociedad civil que a lo largo de las últimas dos décadas han sugerido proyectos de ley. La Unión Europea apoyó al consorcio integrado por la UCA, FUNDAUNGO, FUNDE, FLACSO y la UTEC para que presentaran un muy completo proyecto de ley de partidos que contenía un detallado apartado sobre el control del financiamiento de la campaña electoral. Aliados por la Democracia también realizó aportes. En su caso prefirieron construir una iniciativa para el exclusivo ámbito de la transparencia de los recursos económicos de los partidos políticos. Antes de estas dos entidades, el MIRE había hecho lo propio solicitando la aprobación de una ley que regulara este importante aspecto.
La crítica que antes se hacía a ARENA acerca del financiamiento que recibía de la empresa privada, es la misma que se le hace ahora al partido de gobierno por el presunto patrocinio indirecto por parte de Alba Petróleos. La mesa sigue desnivelada. Ha estado así durante toda la historia política del país. Esta realidad obstaculiza la equidad de la competencia electoral e impide que nuestras elecciones sean consideradas como “integras” de acuerdo a los criterios de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, presidida por el ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Durante los últimos dos años el país avanzó en materia de reforma política. Contamos con un nuevo mecanismo de voto que permite elegir directamente a los diputados, una ley de partidos, el voto desde el exterior, el voto residencial a nivel nacional y los concejos plurales que iniciarán en 2015. Esas disposiciones facilitan el ejercicio del sufragio al elector y mejoran la relación entre electores y elegidos. Ese mismo afán debería emplearse para ordenar el uso del dinero en la política.
*Columnista de El Diario de Hoy.