Algunos miembros de la clase gobernante de El Salvador, país que ostenta una calificación de 38 (0 siendo la máxima percepción de corrupción y 100 la percepción de ausencia de corrupción) en el Índice de Percepción de Corrupción 2013, quieren que todo el mundo se entere de que en el país las cosas están cambiando.
La última estrategia de marketing político, encabezada por el titular de la Corte de Cuentas de la República Rosalío Tochez y secundada por el Presidente de la República Mauricio Funes, implica hablar todo el día y con el volumen más alto posible, de los millones que ha perdido el Estado por la corrupción ocurrida en los periodos anteriores. Pero no en todos los periodos anteriores: la ventana temporal ha sido escogida para delicada y quirúrgicamente, excluir del escrutinio a la administración inmediatamente anterior de Saca y a la actual.
Es comprensible que el Presidente Funes desconozca las complejidades del derecho procesal penal: al final del día, jamás obtuvo un título universitario que justifique estos conocimientos. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante es que Rosalío Tóchez, abogado y notario, haya súbitamente olvidado definiciones básicas como la prescripción del delito y se encuentre haciéndole perder el tiempo a la Fiscalía General de la República al enviar expedientes que podrán ser muy útiles para refrescar la memoria y avivar la nostalgia pero no para iniciar una investigación.
Otra posibilidad es que el presidente de la Corte de Cuentas sí esté consciente de la imposibilidad de investigar estos delitos que según sus declaraciones, los expedientes encontrados prueban y que lo que motiva su reciente gira de relaciones públicas ante las cámaras no sea el interés por combatir la asquerosa corrupción gubernamental, sino hacer campaña política con ataques cuidadosamente teledirigidos.
Transparentar el mal uso de fondos de las administraciones pasadas es importantísimo, sobre todo porque muchos de los nombres que salen a la luz continúan en la vida pública, haciendo carrera política. Algunos quieren regresar al poder y por eso es necesario, antes de que le inyecten amnesia a la ciudadanía a través de campañas y cantos de sirena, que recordemos cómo administraban el dinero del público. Bajo ese criterio, toda la evidencia sobre el manejo de fondos, la de antaño y la actual, la de todas las administraciones y no solo las políticamente inconvenientes, debería de ser accesible al público siempre, para contarle las costillas a quienes deban rendir cuentas. Los casos de mala administración o peculado deben ser castigados con toda la fuerza de la ley con independencia del partido político de los acusados.
Sin embargo, no ha sido esta la estrategia del Presidente de la República ni del presidente de la Corte de Cuentas. Después de algunos meses de ruido sobre el combate a la corrupción, ningún proceso ha dado frutos y las pruebas no han sido más que alegatos frente a los micrófonos y dimes y diretes. También llama la atención que el presidente de la Corte de Cuentas no transparente con la misma convicción el manejo de fondos de la administración actual. En lugar de aprovechar la enorme oportunidad que tienen de devolverle algo de credibilidad a la Corte de Cuentas, bastión del amiguismo, nepotismo y la conveniencia política desde hace décadas, la han convertido en un instituto que habla a gritos pero cuyas declaraciones no se han traducido en acciones. La corrupción aún no ha sido probada ni castigada de manera tangible. Mucho ruido, pocas nueces.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg