En mayo de 1980, la junta militar democristiana mandó a hacer un inusitado y sorpresivo operativo en el centro capitalino: cateó las discotecas y barrió con toda la música de protesta que allí se vendía.
Desde ese momento quedaban proscritos Víctor Jara, Los Guaraguao, los hermanos Mejía Godoy, Violeta Parra, Daniel Viglietti y Mercedes Sosa, para mencionar algunos, y pobre de quien fuera sorprendido escuchándolos hasta en lo más recóndito de su morada.
Contingentes de efectivos cachuchudos y uniformados de verde olivo salían con los lotes de vinilos en el Mercado de Discos y otros negocios del corazón de San Salvador. La orden era confiscar todo lo que sonara a subversivo, bajo el pobre argumento de que por medio de la música la guerrilla recibía “mensajes encubiertos”. Sin embargo, se llevaron hasta la música instrumental andina.
Más de 30 años después, en esta campaña política, las autoridades electorales hacen algo similar: con la excusa de frenar la “propaganda sucia” mandan a confiscar “spots” o mensajes de televisión o cuñas de radio y llevan a los editores de periódicos a aplicar censura, algo prohibido por la Constitución.
En 1980 se decretó el Estado de Sitio y quedaron suspendidas todas las garantías ciudadanas, entre ellas la libertad de asociación y de expresión. El periódico El Independiente fue cerrado y La Crónica del Pueblo y la radio YSAX, del Arzobispado, fueron dinamitadas.
Ahora, los mismos que entonces reclamaban más libertad y mayores espacios de expresión no sólo desaparecen los mensajes que afectan a su postulante, sino que tejieron toda una maraña de disposiciones para establecer lo que se debe o no se debe decir en esta campaña, como se hizo hace 33 años.
En resumen, el espíritu de la orden de censura de la música en 1980 y del nefasto decreto de protección de la figuras de los candidatos que se descartó hace unos meses es el que rige ahora vía normas electorales.
Como no lo lograron vía decreto especial, se fueron con las ambigüedades y vaguedades de la ley electoral, al parecer introducidas cuando se renovó en su totalidad para que nadie lo advirtiera.
Sí, porque hay que proteger el ingrato pasado de algunos o que no se les diga las verdades a otros.
La intolerancia es un cáncer que se expande cada día precisamente de parte de quienes otrora ocupaban sus programas de entrevistas o a los grupos de choque en las calles para protestar.
Ahora no soportan que se les cuestione a ellos mismos y, a diferencia de hace algunos años, los grupos de masas tan beligerantes permanecen durmientes, quizá en espera de nuevas activaciones: “Si ganamos, seguimos igual, pero si perdemos volvemos a la calle y allí sí reclamamos otra vez libertad de expresión, derechos, prestaciones, bloqueamos proyectos de desarrollo… Si regresamos a la calle volvemos a ser los bochincheros de siempre y nos tienen que aguantar, pero si seguimos con la guayaba somos peores que los fascistoides que tanto atacamos…”, es lógico que piensen.
Lo cierto es que el mismo rechazo que se generó ante las medidas de fuerza de aquella época se fomenta con las censuras que se están imponiendo hoy y que los ciudadanos vemos que a todos luces están destinadas a favorecer la apuesta oficialista.
Pero estas cosas nos sirven para abrir los ojos y que no nos vuelvan a sorprender. La intolerancia y el ansia de poder totalitario quedan en evidencia.
Como decían en aquel entonces los de Contracanto, “por el verso censurado… yo te nombro, ¡Libertad!…”