Cómo golpea saber que durante los últimos siete años hemos estado pagando hasta un 22 por ciento de incremento por la energía eléctrica, es decir que, por ejemplo, quienes pagan 50 dólares al mes, debieran estar pagando realmente $40; quienes pagan $100 al mes, debieran pagar $80; quienes pagan $200 al mes, pagan $40 de más.
Esto se debe a una política de sobreprecios reflejada en el pago de $500 millones de dólares demás, sólo en energía geotérmica, de acuerdo con un análisis de precios de la electricidad.
Lo anterior nos lleva a concluir que el Estado no ha parado los abusos en el mercado, sino que ha permitido que el gobierno y unos pocos se beneficien, según lo denunció el diputado Edwin Zamora en un amplio análisis publicado por El Diario de Hoy la semana anterior.
Cartas oficiales y actas publicadas por este periódico muestran cómo se ha propuesto establecer políticas de contratos a largo plazo y con precios más estables, pero también los razonamientos de funcionarios de que esto puede afectar la rentabilidad de las empresas involucradas y los ingresos fiscales del Estado.
Una respuesta como esa recibió el mismo presidente Funes cuando pidió una rebaja en los precios de la energía en 2010, a principios de su mandato.
Hasta ahora todo esto había sido un tema tabú, un secreto a voces. Pero las reacciones no se han hecho esperar: desde funcionarios que lo niegan o lo argumentan con tecnicismos hasta las audiencias en las redes sociales que expresan dudas o más bien dan la razón sobre cómo han venido observando la escalada de precios en sus facturas, al punto que se dice que consumimos la energía eléctrica más cara del Continente.
Y comencé diciendo que cómo golpea conocer con crudeza estos hechos, porque todo este tiempo sólo hemos estado soportando los abusos y agachando la cabeza y sin que “el gobierno del cambio” haya intentado revertir esa tendencia alcista. Ese sí hubiera sido un verdadero cambio.
Lo digo como ciudadano y consumidor. Si no me creen y me quieren descalificar como se acostumbra, vayan a preguntarles a los empleados y amas de casa, que no necesariamente son ricos, cómo ha afectado sus economías y los ha llevado a endeudarse cada vez más.
Ya el candidato oficialista ha dicho que buscarán arreglar el asunto con subsidios, pero el encarecimiento de la energía requiere algo más que eso: eleva los precios de todo lo demás y nos vuelve menos atractivos para las inversiones, entiéndase nuevas fuentes de empleo.
Los responsables del sistema han guardado silencio y más de alguno se atrevió a decir que “él sólo sigue las reglas del mercado” y se ufana de haber conseguido rentabilidad para su empresa… sí aunque ello signifique castigar a la población.
Creo que los funcionarios encargados han tenido la obligación de pronunciarse al ver estos encarecimientos, denunciarlos y renunciar antes que permitir que se afectara de esta forma a los salvadoreños. Pero han seguido el juego, la política del “dejar hacer, dejar pasar”, mi éxito a costa del sufrimiento de los demás.
No valen las excusas de que “como en el mercado spot, el último nos arrastra y pone precio”, pues hay que vacunar a la gente.
Es importante tomar nota de estos hechos y comenzar a pedir explicaciones, saber hacia dónde ha ido a parar ese dineral y corregir el sistema. De lo contrario, seguiremos pagando caro para que unos pocos se forren bien.