Con preocupación he escuchado a funcionarios del gobierno del FMLN, de calificar de ilegal el Decreto Legislativo aprobado recientemente, mediante el cual se le deja en libertad al pueblo para que decida si paga el transporte público con tarjeta prepago o con dinero en efectivo; lo más grave es que pretenden forzar a que los salvadoreños paguemos únicamente con tarjeta, y responsabilizan a los legisladores de poner en riesgo los proyectos de modernización del transporte.
No creo que esté en riesgo la modernización del transporte, lo que está en verdadero riesgo son las ganancias de los dueños de la tarjeta.
¿Por qué me preocupo? Porque considero que todo proceso de modernización debe estar al servicio de las mayorías y nunca debe utilizarse como un mecanismo para coartar y violar las libertades individuales de las personas, derecho consagrado en nuestra Constitución de la República. Mucho menos para justificar prebendas y beneficios para pequeños grupos de poder.
Nuestra Carta Magna es clara al señalar en su artículo 2, que “toda persona tiene derecho a la libertad; lo reafirma en el artículo 4 al exponer: “toda persona es libre en la República” y lo ratifica en el artículo 10 en donde expone: “la ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad”.
Autorizar el pago del transporte público con tarjeta y en efectivo es respetar el derecho a la libertad de las personas, permite avanzar en la modernización y sobre todo evita institucionalizar la corrupción.
Retomo al respecto, expresiones del Papa Francisco en las que advierte que “la corrupción es un pecado grave y una pendiente en la que la gente podrida se hunde cada vez más. Se puede ser pecador, porque todos lo somos, pero no corruptos. El corrupto intenta engañar y donde hay engaño no está el espíritu de Dios. Esta es la diferencia entre el pecador y el corrupto”.
Defender entonces a la población no es razón para que los diputados que votamos a favor de las libertades del pueblo seamos acusados de estar en contra de la modernización; pero tampoco se puede permitir que un reducido grupo de poder, trate de golpear al más pobre para financiar su negocio.
Pagar con tarjeta y en efectivo es el esquema de los países desarrollados y cultos de la vieja Europa, en donde pagar con tarjeta genera al usuario el beneficio de un descuento y si el pago es en efectivo se paga el precio normal.
En El Salvador se busca hacer lo contrario, la tarjeta se come el dinero de los más pobres, porque al pasarla de inmediato le roba $0.50 centavos porque eso es lo que vale el plástico. Lejos de conceder un beneficio insisto, se come el dinero de los más pobres.
Además ¿cómo se les ocurre exigirle a los más pobres tener un depósito en tarjeta?, cuando apenas alcanza para pagar un pasaje. La pobreza en la que este gobierno mantiene sumido al país no le permite a miles y miles de ciudadanos comprar una tarjeta. Muchas vendedoras de la venta del día obtienen el pasaje para retornar a sus hogares.
Respetar la libertad individual, estar del lado de los más débiles, de los más pobres, de los que no tienen voz, de los agredidos por la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) por rechazar el pago único con tarjeta, nunca puede ser un acto ilegal como lo señalan funcionarios de turno.
Si el Presidente de la República veta este Decreto Legislativo que defiende las libertades, una vez más estará en contra de la gente y a favor de los intereses económicos de grupos de poder. Espero en lo personal que actúe con sensatez y permita que sean los salvadoreños en total libertad quienes decidan si quieren pagar con tarjeta o en efectivo.
*Vice-presidente de Asamblea Legislativa