El debate público, especialmente en las redes sociales, adolece en general de un mínimo de altura. Rápidamente las discusiones se tornan hacia lo que se conoce como falacia ad hominem, destruyamos al hombre cuando no podemos con el argumento. Y sin reparos se dicen las cosas más terribles. En este último caso de CEL-ENEL me han llamado pluma o maje pagado. Me han pedido que busque quién (¿cómo decirlo de una manera menos vulgar?) abuse sexualmente de mí. Me han dicho que soy arenero. Y luego vienen las generalizaciones fáciles. Es que los ricos siempre roban. Es que El Diario de Hoy no tiene credibilidad. Y encima los líderes de la clase política en lugar de educar incitan al deterioro de la inteligencia social.
El caso CEL-ENEL parte de una interpretación sobre la lesividad de una ley de la República. La Asamblea Legislativa promulga en 1996 la Ley General de Electricidad que busca promover un proceso de renovación de las instituciones vinculadas a la generación y distribución de energía eléctrica. Dentro de ese marco legal, se constituye un modelo de operación de la generación geotérmica que permite que una empresa extranjera sea accionista mayoritaria de una empresa que goza de la concesión de explotación de nuestros campos geotérmicos.
La empresa extranjera no se apropia del nuestro recurso natural que es el vapor o la capacidad del subsuelo de generación geotérmica. La empresa extranjera reclama con legítimo derecho acciones amparadas por la inversión de su propio dinero en la exploración de pozos y en la instalación de plantas de generación. Si eso es lesivo a los intereses nacionales, es una cuestión que debe discutirse, especialmente ante la existencia de un acuerdo de accionistas. En este acuerdo quedaba normado que para ejecutar cualquier inversión, se requerían los votos de los directores de LaGeo nombrados por CEL. Sin ese voto favorable no se podía aprobar ninguna inversión. ¿Y entonces?
Se habla ligeramente de términos que los que no somos de leyes casi no entendemos. ¿Qué es peculado? Según la Real Academia Española, “en el antiguo derecho y hoy en algunos países hispanoamericanos (es un) delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración”. ¿Y malversación? “Es un delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo”. ¿Y corrupción? “Es echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Es sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Es pervertir o seducir a alguien”.
Se acusa a ex funcionarios de CEL y LaGeo de haber favorecido a una empresa extranjera para que se beneficiara indebidamente de los bienes del Estado. Nunca en la formulación de la Fiscalía se menciona malversación o corrupción, sino peculado. ¿Cómo puede haber peculado cuando se siguen los marcos legales existentes? Bien dijo la jueza que la acusación de la Fiscalía estaba “en crisis”. No se resuelve con este tipo de acciones la posición en las encuestas y en las preferencias electorales. Y mucho menos cuando hay actos administrativos ciertamente cuestionables como el traspaso de las acciones de CEL en LaGeo a una empresa privada llamada INE.
Aunque CEL es dueña de INE, el uso de los fondos públicos ya no depende de su junta directiva, sino del uso discrecional de la junta directiva de una empresa privada que no es fiscalizada de igual manera que las instituciones del Estado. Mientras instituciones como la Fiscalía y la Corte de Cuentas no comiencen a actuar de manera totalmente independiente, el país no podrá avanzar en el desarrollo económico y social por tener una institucionalidad débil. Y mientras no permitamos ir más allá de los estereotipos y de los insultos en el debate público no avanzaremos. Y los principales responsables de este deterioro en el debate tienen nombre y apellido. Ojalá todavía haya voluntad de enmendar.
*Columnista de El Diario de Hoy.