La Fiscalía General de la República afirma que la segunda parte del periodo presidencial de Tony Saca, en lo referente a las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas, se vio ensombrecido por actos de corrupción imputables a cierta cantidad de exfuncionarios, ninguno de ellos todavía vencido en juicio pero ya mancillados en su imagen por las tesis fiscales lanzadas en días pasados.
La investigación, curiosamente, no ha hecho señalamiento alguno a la primera parte de la gestión del MOP bajo la administración Saca, algo que llama la atención si nos atenemos a la historia completa de la Diego de Holguín. Si los problemas comenzaron en el periodo inmediato anterior al del ministro que la Fiscalía hoy acusa, ¿cómo es que a este último se le persigue y a su predecesor no se le toca? ¿A qué se deben semejantes segmentaciones en los requerimientos judiciales? ¿Y por qué hasta este día el Ministerio Público no ofrece explicaciones satisfactorias para borrar cualquier sensación de que, en este caso, las acciones fiscales podrían estar rozando la arbitrariedad o, peor, la manipulación política?
Aún se discutía en los espacios de opinión ciudadana el extraño asunto de la Diego de Holguín cuando el 11 de noviembre, también desde la Fiscalía, se lanza una nueva “ofensiva justiciera”, esta vez relacionada al complejo tema de CEL-Enel y a la presunta movida que otros exfuncionarios –ninguno relacionado a maniobras posteriores, al menos tan dudosas como las denunciadas– fraguaron contra el “patrimonio geotérmico” del país.
Tampoco aquí las cosas son tan claras como la Fiscalía pretende. Si aceptamos que fue lesivo para el Estado que un contrato entre CEL y Enel estipulara que el socio europeo podía convertir sus inversiones en acciones, abriendo así la puerta a una supuesta privatización, ¿cómo es que no resulta igual o más lesivo para nuestro patrimonio que CEL transfiriera de hecho, en 2006, 182 millones de dólares en acciones a una empresa que se llama INE y cuyos dividendos nadie audita? ¿Quién ofrece cuentas de este dinero y de su rendimiento en el último lustro? ¿Por qué es privatizador el cumplimiento de un fallo arbitral que exige honrar un contrato suscrito entre el Estado salvadoreño y una empresa extranjera, pero no es privatizador el hecho que CEL trasladara sus acciones en LaGeo a una empresa que no es sujeta de fiscalización?
Pero la selectividad que la Fiscalía está padeciendo, en estos días de intensa campaña electoral, parece haber contagiado también a la Corte de Cuentas. Quien hoy preside este órgano contralor abre “gavetitas” que se transforman en un variopinto surtidor de nombres, montos y acusaciones veladas, como si la prescripción de un caso en investigación –prescrito precisamente porque la Corte no hizo su trabajo– otorgara a alguien una licencia para establecer culpabilidades o, en su defecto, sugerirlas.
La sola mención de su nombre hizo que la diputada Ana Vilma de Escobar se presentara en una conferencia de prensa del presidente de la Corte de Cuentas, dejándolo muy mal parado ante la opinión pública. Los titubeos del funcionario, ese día, contrastan con los epítetos que sí se atrevió a soltar después contra la legisladora, cuando ya no la tenía enfrente. Tanta “valentía” hay que ponerla entre comillas no porque fuera atentatoria contra los derechos de la mujer, como justamente ha apuntado Paolo Lüers, sino porque atenta contra la decencia, la dignidad de los cargos y la inteligencia de los salvadoreños.
Mientras tanto, la declaración de inconstitucionalidad del impuesto mínimo sobre la renta, que equivalía al 1% de los ingresos brutos de las empresas, pone al descubierto el grado de arbitrariedad con que el gobierno ha impulsado sus reformas tributarias, pero demuestra también que los necesarios contrapesos entre los órganos de Estado todavía funcionan en algunas instancias. Sin embargo, ¿hasta cuándo será así? ¿Hasta que la sombra de ese “faro de Latinoamérica”, como Sánchez Cerén llamó a Venezuela, finalmente descienda sobre El Salvador?
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.