Los diputados de la Asamblea Legislativa, durante el escaso tiempo en que trabajan, presentan proyectos de leyes que luego aprueban sin haberlas leído, con el criterio de que “es mejor una mala ley, que ninguna ley”, para luego tener que modificarlas. También se ha hecho costumbre, dejar dormir el sueño de los justos, aquéllas que pueden afectar sus intereses personales o partidarios, o modificarlas a su conveniencia.
Es preocupante la actitud de muchos funcionarios de desobedecer olímpicamente las leyes, incumpliendo lo que no les conviene, apoyándose en argumentos que jamás podían ser esgrimidos por los ciudadanos corrientes, y recurriendo a instancias que no tienen competencia, demostrando así su ignorancia.
Un triste ejemplo ha sido el presidente de la Asamblea, quien con carácter despótico ha demostrado su total irrespeto a las leyes. Su lamentable actitud de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, y su rechazo a acatar el fallo del IAIP, de publicar la lista de sus asesores y sus sueldos, es una clara demostración que tiene mucho qué esconder y que esa información generaría rechazo de la ciudadanía, al demostrar mal uso de fondos públicos. Indigna su actitud desafiante de negarse a pagar la multa que justamente se le ha impuesto, y que para justificarse use argumentos a todas luces falsos, ya que no constituye ningún peligro para sus asesores, el que los contribuyentes sepamos quiénes son los felices favorecidos con altos sueldos, tal vez muy por encima de sus capacidades.
Mucho más lamentable es la actitud del presidente Funes, que luego de casi cinco años todavía no ha comprendido la dignidad y respeto que debe al alto cargo que ostenta, al faltar a uno de los más elementales principios de ética, que obliga a todos los trabajadores, en todos los niveles: el secreto de oficio, la información privilegiada que obliga a mantener reservada toda información a la que se ha tenido acceso, por razones de trabajo.
Ha causado una pésima impresión, a los que sufren escuchando su ofensivo regaño semanal, la imprudente afirmación que ha recibido del IRS de los Estados Unidos, una solicitud de investigar a funcionarios y un ex presidente en un tema de lavado de dinero. Si esto no fuera información más que confidencial, lo más sencillo para el IRS habría sido poner un anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación para que luego de que todos los salvadoreños estuviéramos enterados, pudiéramos aportar los datos requeridos. Pero si fue solicitada a quien ostenta el más alto cargo en el gobierno, es porque se espera de él la discreción y prudencia que exige su investidura. Y para mayor vergüenza, el tira y afloja con el fiscal general, que ha tenido que desmentirlo en varias ocasiones. ¿Dónde está la ética?
Abundan y aumentan los ejemplos en mandos menores, como protestas de familiares de funcionarios que ocupan altos cargos, como el caso de la familia del diputado Orestes Ortez, y que lejos de considerarse señalados por el nepotismo rampante, dicen sentirse muy orgullosos de sus lazos familiares, desestimando su incapacidad profesional para desempeñar el cargo. Y amenazar con una demanda millonaria en los Estados Unidos, donde sí existe el concepto de ética, es una muestra más de la pobreza moral de quienes nos han gobernado tan mal durante estos años.
Recordamos una vez más que nuestra sociedad violenta y sin valores, es producto del mal ejemplo de funcionarios corruptos que impunemente desafían las leyes, demostrando que su único interés es servirse del Estado, en lugar de servirlo. Gran cambio.
*Columnista de El Diario de Hoy.