Recientemente, Raúl Mijango, uno de los principales integrantes del equipo de trabajo visible montado por David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad Pública, para operar la oscura negociación entre el Estado y los principales cabecillas de las pandillas en El Salvador, publicó un libro sobre dicha iniciativa gubernamental titulado “Tregua entre pandillas y/o proceso de paz en El Salvador”. Considerando la poca transparencia con la que el Ejecutivo ha manejado su apuesta central en materia de seguridad pública, me pareció interesante y oportuno que una de las personas orgánicas a ésta publicara un libro sobre la temática. Según mi primera impresión al escuchar sobre la publicación, el autor brindaría detalles y particularidades hasta ahora cuidadosamente ocultas y aisladas del conocimiento ciudadano, que contribuirían a esclarecer la nociva estrategia estatal.
Después de leerlo, no obstante, quedé decepcionado y, en cierta medida, hasta molesto conmigo mismo por esperar en un inicio que el libro fuera algo más que un simple e indignante intento de quien lo escribió por lucrarse. Obvié que el autor ha convertido la negociación entre criminales y el Gobierno en una forma de ganarse la vida, y, por lo tanto, empecé a leer su libro con una risible y exagerada expectativa de que el contenido sería revelador y cautivante.
Aunque en la introducción Mijango argumenta que su libro pretende “introducir y contribuir en la comprensión” de la iniciativa gubernamental, al avanzar en la lectura progresivamente se realiza que esa premisa inicial es falsa. El libro es corto, las escasas cuarenta páginas escritas por el autor y su estructura lo asemejan más a un ensayo. Un dato curioso sobre la publicación de Mijango, poco frecuente en libros o ensayos que hablan sobre seguridad y criminalidad, es la desproporcional cantidad de anexos que contiene, que abarcan setenta y siete páginas de las ciento diecinueve del libro. El autor justifica, no obstante, que necesitaba incluir en esa sección todos los comunicados de los pandilleros, pronunciamientos oficiales y otros documentos similares, para brindar una visión integral al lector.
Mijango aclara al principio del libro que éste “no pretende ser un estudio técnico”, probablemente con la intención de justificar las marcadas diferencias que existen con la abrumante mayoría de literatura que trata el tema de pandillas y seguridad pública. Espero que no haya sido con el objetivo de eludir críticas por las numerosas y graves faltas gramaticales y ortográficas. Hasta la fecha nunca había leído un documento serio sobre seguridad en donde se escribiera incorrectamente un delito, pero en el libro de Mijango la palabra “extorciones” (entre otras) adorna muchos de sus párrafos.
Las limitantes ortográficas y gramaticales, en este caso, aunque notorias y cuantiosas, son secundarias e irrelevantes. Ninguna hubiera sido identificada si Mijango hubiera escrito sobre cómo él y monseñor Fabio Colindres fueron reclutados por el Ministerio de Justicia, los detalles de las discusiones con David Munguía Payés, especialmente las relacionadas al traslado inicial de los principales cabecillas pandilleros, cómo se ordenaba el traslado ilegal de internos, etc. Fechas, horas y detalles de lo que nunca se ha hablado, particularidades de lo que pasaba tras bambalinas y de las acciones grises y cuestionables. Esto hubiera contribuido a comprender mejor “la tregua”, callar o propiciar a críticas y vender o desacreditar la iniciativa.
El libro no contiene nada de eso. Prácticamente es una compilación de todas las justificaciones, argumentos y ataques que los defensores de “la tregua” han presentado en diferentes espacios para vender la negociación con criminales y descalificar a los que no están de acuerdo.
La utilidad técnica y el uso práctico de la información contenida en el libro son sumamente limitados y marginales. Futuras exploraciones sobre el pacto con cabecillas pandilleros deben de ser más objetivas, técnicas y acuciosas. La documentación y evaluación adecuada de una iniciativa tan nociva para la seguridad pública del país, son necesarias.
*Criminólogo
@cponce_sv