A la hora de querer saber cómo son las cosas políticas, a veces puede ser complicado distinguir entre realidad y apariencia, principalmente cuando tercian los medios de comunicación y la realidad se analiza desde prejuicios ideológicos o intereses personales.
Nadie duda de que respetar la institucionalidad es de suma importancia para proteger y fomentar el Estado de Derecho. Por eso, cuando bastantes organismos (empezando por la Asamblea Legislativa y terminando por el Tribunal Supremo Electoral, pasando por la Corte de Cuentas) se convierten de hecho en feudos políticos de los partidos, se refuerza la sospecha de que la batalla política va más por el lado de hacerse con las instituciones para fines propios, que protegerlas y hacerlas funcionar para lo que fueron creadas: como parte del sistema de pesos y contrapesos que debe funcionar en toda democracia que se precie.
A medida se van conociendo casos, en los que es evidente que algunos personajes públicos actúan más por inquina o por componendas que por el afán de hacer bien su trabajo; cuando, simultáneamente con un funcionario recién elegido, empiezan a aparecer contrataciones y la creación de nuevas plazas para tener dónde colocar a los correligionarios políticos; cuando se defienden las decisiones apelando a principios ideológicos más que a principios jurídicos, y, en fin, cuando por la cercanía de las elecciones todo el aparato estatal empieza a “despertar” haciendo obra y acusando a los rivales políticos de chanchullos y componendas que los sacan de la honorabilidad en la que hasta entonces habitaban, uno no puede seguir pensando que la política partidaria está lejos del horizonte de los funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones.
Es cierto que el trabajo de algunos medios de comunicación, y la actividad en las redes sociales, han contribuido a desenmascarar trampas, privilegios y despilfarros; como también es verdad, que aunque pocas veces se avance más allá de la indignación momentánea, por la importancia y frecuencia de los sucesos, y en muchos casos por la coincidencia de los mismos funcionarios en distintos escándalos, paulatinamente hay menos ciudadanos indiferentes con respecto a la actitud de propietarios de los cargos públicos, que algunos funcionarios o dirigentes de partidos políticos tienen en las instituciones del Estado.
Todo sumado, entonces, es posible colegir que la impresión de que nuestras instituciones políticas han sido de algún modo “secuestradas” por los partidos políticos, va más allá de la simple influencia mediática, o de los prejuicios que cada uno pone en juego a la hora de hacer análisis, y pasa a ser más que una hipótesis.
Algo que preocupa mucho es que, en la medida en que las instituciones mismas pierden la capacidad de colocarse por encima de las disputas partidarias, en lugar de posibilitar el funcionamiento del Estado, contribuyen significativamente a la apatía de los ciudadanos. Los políticos lo saben, y achacan esa indiferencia a una “ola de rechazo a lo político”, y no se dan cuenta de que el repudio ciudadano es más contra ellos que contra la institucionalidad, y por eso no modifican la manera en que siguen haciendo las cosas, aumentando la animadversión.
Si bien la “captura” de las instituciones no ha sido mediante grupos armados, sí lo ha sido en muchos casos por medios violentos: se violenta la ley, se violentan las competencias y las responsabilidades de cada institución, se violenta el derecho que todos los ciudadanos tenemos de contar con las instituciones para nuestro servicio, y entonces, cuando lo público se privatiza –se parcializa o “partidiza”–, tiene razón Agustín de Hipona cuando dice que un Estado que funciona así, al servicio de unos pocos, pierde su condición de tal, y se convierte en una “gran banda de ladrones”.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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