Durante la última semana, los diferentes medios informativos y de debate fueron dominados por temas relacionados a la seguridad pública del país. Particularmente, dos cautivaron la atención de la mayoría de los salvadoreños, ambos asociados con la captura de personas que presuntamente participaron en sofisticadas y complejas redes delictuales. La Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló los dos procedimientos correspondientes de forma secuencial y dentro de una cerrada ventana de tiempo de dos días. Las autoridades decidieron lanzar la operación para ejecutar las detenciones asociadas con el caso de la supuesta corrupción millonaria en el Ministerio de Obras Públicas, el martes 10 de septiembre. El jueves 12, dos días después, capturaron a casi dos decenas de personas por su presunta participación en una red de tráfico de drogas, conocida como “el cartel de Texis”, que opera en el occidente del país.
Indudablemente, ambos procedimientos constituyen, al menos en teoría, un paso en la dirección correcta. La corrupción y el crimen organizado comparten una relación simbiótica, por lo que cualquier esfuerzo por atacar a uno afecta también al otro. Sin embargo, en círculos de seguridad e inteligencia se argumenta que la reciente actividad que han reportado ambos expedientes obedece más a motivaciones políticas que a una estrategia antidelincuencial. Los que sostienen esto señalan, entre otras cosas, importantes elementos presentes en los contextos político y electoral que, según su lectura, propiciaron la ejecución de los operativos en ambos casos. También cuestionan la ausencia de personas que, en círculos de seguridad e inteligencia, se han identificado como importantes protagonistas en los hechos investigados en los dos expedientes.
Independientemente de la validez de dicha lectura, en mi opinión, los dos casos tienen el potencial de convertirse en los abran brecha para que la FGR avance en su camino a convertirse en una institución más independiente, profesional y efectiva, orientando su trabajo investigativo a esclarecer y procesar hechos cada vez más complejos, nocivos e indignantes. No obstante, también existe la posibilidad que, dependiendo de cómo se desarrolle la actuación oficial en ambos casos, éstos se conviertan en terribles precedentes que erosionen aún más la confianza ciudadana en el aparato de seguridad.
El costo de lo que está en juego es demasiado alto, por lo que esta oportunidad para fortalecer la institucionalidad de la seguridad pública no se puede desperdiciar. Según una encuesta de opinión publicada recientemente por otro rotativo, la seguridad pública está en su momento de decadencia más álgido, siendo el principal problema del país para el 53.3 % de la ciudadanía. El mismo instrumento revela que desde el 2009 hasta agosto del 2013, el porcentaje de salvadoreños que califican la gestión gubernamental en seguridad como mala o muy mala, creció de 24.9 % a 55.4 %.
Estas cifras son el triste y penoso resultado, en parte, de la iniciativa oficial concebida y ejecutada por la administración de David Munguía Payés, basada en negociar con los cabecillas de las pandillas que operan en el país y pactar con ellos una reducción ilusoria de los homicidios registrados. La ideologización de la Policía enmarcada en el proyecto político que trató de desarrollar Manuel Melgar al interior del aparato de seguridad, también tuvo un fuerte impacto. Las cifras de la encuesta antes mencionada revelan que, durante el primer año de la gestión de Melgar, se reporta un precipitoso incremento en la percepción ciudadana que califica el desempeño del Gobierno en el campo de seguridad como malo o muy malo, que pasó de 24.9 % en 2009 a 40.3 % en 2010 y a 48.4 % en el 2011.
El manejo de los casos de corrupción en el MOP y del “cartel de Texis”, en este contexto, pueden contribuir a empeorar las encuestas o marcar un punto de inflexión y empezar a revertir la tendencia establecida durante los últimos años.
*Criminólogo. @cponce_sv