Reconforta que el Ministro del Ambiente haya capitaneado la destrucción e incautación de maquinaria minera prohibida en la Amazonía. Responde a la indignación por el aumento explosivo de una actividad criminal que florece gracias a la indolencia e ineficacia gubernamental denunciada por los medios. Pero la “interdicción” no incluyó el arresto de quienes adquieren, operan y lucran con esas máquinas. Amasan fortunas, no tributan, lavan activos, corrompen autoridades y compran seguridad a narcoterroristas o sicarios. No los venceremos con la tinta de normas que se multiplican e incumplen para evitar los “conflictos sociales” que aterran a este gobierno. Repugna que una obra tan costosa como la Vía Interoceánica haya contribuido a la proliferación de asentamientos humanos, zonas liberadas al margen de la ley.
A esta situación vergonzosa, que sobrepasa el relajado límite de tolerancia de los peruanos (¡!), se suman por lo menos dos problemas internacionales que el Estado debe atender con urgencia y seriedad. El más notorio lo hemos buscado nosotros mismos, gestionando la sede de la próxima Cumbre Mundial del Clima (diciembre 2014). La última de las 18 frustrantes y populosas conferencias de NN.UU. sobre el calentamiento global se realizó en Doha (Qatar) en el 2012, con más de ¡17 mil delegados! La cifra se multiplicará varias veces en Lima con funcionarios onusianos y las hordas ambientalistas reforzadas por ONG dedicadas a desastres naturales, etnias aborígenes y derechos humanos.
La masiva invasión de expertos obsesivos se deleitará en este reino de la biodiversidad, sobreviviente heroica de la deforestación y el maltrato ambiental. Seremos reconocidos como agresores climáticos de reputación internacional. Y como los pecados no serán enmendados oportunamente, es previsible que las visitas a los atractivos turísticos del Perú sean remplazadas por expediciones a los paraísos de la deforestación y la minería contaminante: Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Suches, Ramis, Tambo Grande, Majaz o Río Blanco. Buscarán a Goya y entrevistarán a Goyo, el ariete contra la minería legal en Cajamarca. Nuestro prontuario se enriquecerá con una inevitable muestra de las glorias del Perú urbano, asfixiado en dióxido de carbono y en el insuperable salvajismo del tránsito vial.
Sólo quedan 15 meses para corregir radicalmente el rumbo, y abordar otro problema internacional delicado. El Perú es “país de aguas arriba” (pay d’amont) en ríos amazónicos que fluyen al Brasil, y ribereño de algunos otros que sirven de límites con países vecinos. Sobre estos ríos compartidos existen “condominios”, como el que tenemos con Bolivia en el pobre Titicaca, convertido en uno de los lagos más contaminados del mundo (los ambientalistas se desvanecerán cuando vean la inmunda alfombra verdosa generada por desagües peruanos y bolivianos). Recordemos que en el Derecho de Aguas Internacionales prima el deber de no causar daño al vecino. Quien lo hace, incurre en responsabilidad internacional y puede ser víctima de demandas en tribunales judiciales o arbitrales. Por la fragilidad del suelo amazónico, la deforestación es causa directa del calentamiento global y se considera poco menos que un crimen de lesa humanidad. Así se considerará seguramente en la COP20. Un bochorno mundial merecido.
Todos sufrimos las consecuencias de una autoridad que teme disgustar a los infractores de la ley, y sabemos que los problemas duros no se resuelven con lluvias de palabras o de leyes. Pero, más allá de lo doméstico, no es imposible que este gobierno se asuste –justificadamente– por las consecuencias internacionales que puede provocar su indolencia con la minería ilegal, el narcotráfico y la degradación ecológica del Perú. (FirmasPress).
*Embajador peruano.