Continuamos avanzando hacia las presidenciales del próximo año. Durante el trayecto diferentes actores realizan las acciones que les competen y como consecuencia de ellas puede generarse, o un ambiente de confianza frente al proceso electoral o un amplio sentimiento de incertidumbre que abre las puertas a la duda sobre la transparencia del resultado final.
La autoridad electoral ha venido preparándose desde hace más de un año. Tiene, entre otras, la responsabilidad de implementar el voto residencial en el cien por ciento del territorio nacional y de facilitar, por primera vez en la historia, la posibilidad que los salvadoreños en el exterior puedan elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Adicionalmente debe garantizar una ágil y cristalina transmisión de datos y resolver, de manera oportuna, cualquier incidente que ocurra antes, durante y después del proceso electoral.
Estos dos últimos aspectos deben ser cuidadosamente tramitados. El TSE no termina de definir quién será el encargado de transmitir los resultados de la elección en tiempo real de tal forma que todos los ciudadanos con acceso a Internet podamos conocer la evolución del conteo en los distintos centros de votación a nivel nacional. Ha trascendido públicamente que una de las empresas que participará en el proceso de licitación es la que tuvo a su cargo la función señalada en las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela. Aunque los servicios de esta entidad sean los más profesionales de su campo, es seguro que despertará suspicacias y serias dudas en varios de los partidos políticos. De hecho más de alguno ha señalado ya que se trata de la empresa cuyo trabajo ha sido cuestionado por el candidato presidencial de la oposición venezolana que reclamó fraude en el evento electoral. El árbitro comicial salvadoreño se encuentra entonces frente a una decisión, que como lo señalábamos al inicio, puede lastimar la credibilidad del proceso, sin intención muy probablemente, pero que al final causaría un daño que influiría negativamente al momento de conocer al ganador, principalmente si se presenta un resultado muy cerrado entre la primera y segunda fuerza política.
Otro de los episodios que hemos conocido es el de la recusación de un magistrado del TSE. Se le acusa por sus adversarios de encontrarse parcializado por haberse pronunciado a favor de un candidato y en contra de otro de diferente partido. Al margen de la resolución de la autoridad electoral, el hecho demuestra los problemas que surgen cuando no se cuenta con una institución “despartidizada” ni con la legislación necesaria que permita resolver el asunto de manera cierta y jurídicamente correcta. Si la responsable de dirimir este conflicto fuera una entidad autónoma e independiente, con jueces electorales especializados en la materia, seguramente la resolución en uno u otro sentido no causaría ninguna alarma, ya sea que apartara al funcionario o lo mantuviera en su cargo. Lo contrario permite, no obstante la pertinencia e interpretación correcta de la ley por parte del actual TSE en el caso señalado, que la sospecha permanezca y por tanto el rechazo de lo resuelto no tarde en surgir como de hecho ha sucedido según las manifestaciones públicas que ha dado a conocer el principal partido de oposición política.
Los partidos políticos y sus respectivos candidatos son los otros protagonistas del proceso. La precampaña, criticada por su anticipación a los plazos establecidos en la Constitución y la ley, está combinando por ahora el desprestigio mutuo de los aspirantes presidenciales con promesas que, por la limitante de tiempo y espacio en un spot de televisión o en una pauta en los periódicos, no logran transmitir verdaderos análisis y concretas soluciones a los principales problemas identificados por los ciudadanos. Su actuación no contribuye a que los electores emitan “un voto informado” y por tanto las preferencias por una u otra opción surgen por la inercia que causa su situación personal más que por el entusiasmo y la esperanza que transmiten los presidenciables.
Finalmente están los otros actores, aquellos que deben cumplir su rol por tratarse de entidades públicas encargadas de administrar justicia, cuidar los bienes del Estado y procurar el comportamiento ético de los funcionarios, y otros de carácter privado, que representan intereses sectoriales como las gremiales, los sindicatos y los movimientos sociales. A todos les corresponde cumplir con sus funciones sin actuar e interpretar los casos y la realidad con la lógica electoral propia de los partidos políticos, los candidatos y sus equipos de campaña. De lo contrario se contamina el escenario, se genera un oscuro panorama y la incertidumbre toma fuerza, incrementando la tensión política de manera innecesaria.
Ojalá que los actores, trátese de quien se trate, cumplan su rol responsablemente, de manera efectiva y “sin cargar los dados” a uno u otro lado.
*Columnista de El Diario de Hoy.