El año político que comienza será decisivamente influido por la sentencia de La Haya. Imagino que llegará en medio del ambiente de incertidumbre que los errores no forzados generan con frecuencia creciente en el escenario nacional. Presumo también que el mensaje presidencial destacará, merecidamente, la excelente labor de los gobiernos de Perú y Chile para fortalecer el compromiso de acatar la sentencia y crear un clima propicio para procesar los triunfos, las expectativas frustradas y los efectos no deseados que inevitablemente tendrá en cada país. Con ese mismo espíritu, es oportuno subrayar que los deberes bilaterales a partir del veredicto ya no estarán en manos de los abogados que tan brillantemente han defendido a las dos partes, sino que recaerán en la habilidad y sensatez de los diplomáticos y gobernantes que tendrán la responsabilidad de aplicar el fallo con inteligencia, buena fe y sentido de futuro.
El Perú vive entrando o saliendo de crisis políticas de intensidad variable, mientras Chile ingresa al tramo final de una justa electoral entre dos mujeres cuajadas, cuyas campañas arreciarán en un ambiente recalentado por las protestas estudiantiles, la ansiedad de la izquierda radical y la asociación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría con que la expresidenta Bachelet ha liquidado a la desconcertada Concertación. Hay quienes opinan que las elecciones chilenas tienen que ver con la postergación de la sentencia. Tal vez. Pero lo cierto es que el fallo se dará en las postrimerías del actual gobierno y que su ejecución podría alcanzar ese incómodo periodo de convivencia entre el mandatario entrante y el saliente.
Matiza el panorama el hecho de que, en la misma Corte, Bolivia ha puesto una demanda contra Chile. La CIJ presenta el caso con la etiqueta de “Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico”. Si bien el petitorio boliviano se limita a solicitar que la Corte disponga que Chile tiene la obligación de negociar “un” acceso soberano al mar (negociación que podría no concluir en un acuerdo entre las partes), los antecedentes que La Paz invoca vislumbran un acceso por el territorio y mar de Arica. Más específicamente, apuntan a una franja territorial al extremo norte de esa provincia. Aun en el supuesto de una sentencia favorable a Bolivia, parece improbable que la negociación llegue a un entendimiento que ponga fin a la vecindad entre Perú y Chile, pues sería necesario un acuerdo previo entre ellos -y a ninguno le conviene malograr una relación económica extraordinaria en la que su colindancia fronteriza ejerce una importante función dinamizadora.
Según la opinión prevaleciente, la demanda de La Paz no incide en el caso peruano-chileno en vías de sentencia. Sin embargo, no debe descartarse que su postergación esté vinculada a los fundamentos que Bolivia invoca: los actos unilaterales de Chile a los que atribuye el carácter de promesas exigibles, aunque se hayan dado en el marco de negociaciones diplomáticas frustradas. Sea como fuere, los actos unilaterales del Perú son un argumento central en la defensa chilena, y la Corte -para quien su jurisprudencia es el tesoro más preciado- debe haber considerado prudente tomar un tiempo para asegurarse de que la sentencia en el litigio peruano-chileno y las decisiones que habrá de tomar en el caso Chile vs. Bolivia respeten el supremo valor de la coherencia
Consciente de este trascendental predicamento, el Congreso debería colocar sus mejores cuadros en la postergada Comisión de RR.EE. Solo así podrá apoyar eficientemente al Ejecutivo en la tarea histórica que nos espera.
*Embajador peruano.