En su campaña para la presidencia, Mauricio Funes prometió total transparencia en el manejo de la cosa pública, generando luego grandes expectativas la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), una exigencia del FOMILENIO I.
Esperanzas que comenzaron a esfumarse ante la tardanza del mandatario para nombrar a los funcionarios, rechazando las ternas presentadas por el sector privado. Por la fuerte presión ciudadana, se dignó cumplir con su obligación, pero al no asignarle presupuesto, no servía para nada.
A nueve meses de terminarse el período presidencial, la ciudadanía está harta de la corrupción imperante en el gobierno, que con lujos y derroches ha dejado al país en total quiebra, mientras funcionarios, cuyos nombres antes aparecían siempre como morosos en sus tarjetas de crédito, hoy son los nuevos millonarios, que hacen ostentación de un lujo de mal gusto, en trajes, anteojos, relojes, vehículos, paseos en yate y costos regalos.
Y para colmar la paciencia de los sufridos contribuyentes, viene la decisión presidencial de ponerle mordaza a la información que exige la LAIP, decretando que sus viajes y los de su esposa, son información restringida, hasta 2017. Conocer lo que la pareja ha gastado en recorrer el mundo, con nuestros impuestos, no atenta contra la seguridad del Estado, único caso en que la ley permite restringir la información. La caravana que anuncia los recorridos del mandatario en la capital, y el tren de lujo que se mantiene en CAPRES, son indicadores para juzgar la vida que deben darse en el extranjero, en muy dudosas misiones oficiales. ¿Tendrá miedo el presidente de que el pueblo sepa que con sus gastos de viaje, podría aliviarse la situación de los hospitales, carentes hasta de lo más indispensable?
Y como el mal ejemplo cunde, hoy vemos con justa indignación, que la CEL también ha blindado, hasta 2020, información que tenemos derecho a conocer, lo que evidencia una falta total de transparencia en el manejo de la autónoma. El incumplimiento de contratos y el rechazo a aceptar la sentencia de un arbitraje internacional, nos han llevado una pérdida de credibilidad que alejará más la tan necesaria inversión extranjera.
En entrevista televisiva reciente, la Lic. Sandra Barraza se refirió al excelente reportaje investigativo de EDH, publicado en el mes de junio, señalando serias irregularidades que han costado millones de dólares, en el proyecto de El Chaparral, en cuanto a cambio de diseño, indemnizaciones y recontratación, hasta la aprobación de otro préstamo del BCIE, por el funcionario hermano del presidente Funes. Y para cerrar con broche de oro tan vergonzoso asunto, hoy resulta que ya la montaña que se movió y justificó los gastos por rediseño, se ha mantenido en su lugar, según declaraciones de Leopoldo Samour, presidente actual de CEL. Aunque para demostrar transparencia y lucha contra la corrupción, han satanizado las figuras del ex presidente Flores y los directores de CEL en ese período, mientras se cubre con un velo, tan piadoso como sospechoso, a personajes de igual rango en las administraciones de Saca y Funes. ¿Por qué?
Pero lo más preocupante, es que a pesar de tanta denuncia de que algo en la CEL apesta a podrido y que la restricción a la información es un atentado contra la LAIP, nadie hace nada, y la corrupción sigue sin que la Fiscalía tome en serio su papel de poner presos a esos delincuentes de cuello blanco, a la par de quienes, los amaños en la Selecta son totalmente irrelevantes, por mucho que nos duela.
*Columnista de El Diario de Hoy.