La cantidad de fugas registradas en los presidios y bartolinas policiales del país, reporta un agudo incremento durante el último mes. En el contexto de estos hechos, lograron escapar peligrosos delincuentes, miembros de estructuras criminales y personas responsables de crímenes graves. Hasta el momento, la respuesta policial no ha arrojado resultados satisfactorios y muchos de los fugitivos se encuentran aún prófugos. Estos incidentes revelan el frágil y decadente estado de la seguridad pública en El Salvador, y constituyen una manifestación directa de diferentes factores presentes en la forma en la que se administran, resguardan y albergan a las personas que han sido detenidas por la Policía y las que están purgando penas dentro de centros penitenciarios.
Las inadecuadas instalaciones carcelarias del país representan uno de los principales problemas estatales que propician y posibilitan fugas como las reportadas durante los últimos días. La mayoría de presidios salvadoreños funcionan en edificaciones que fueron construidas para otros fines, pero que el Estado ha tratado de modificar para su nuevo propósito (sin mucho éxito). Las delegaciones policiales y, por lo tanto, las bartolinas que albergan, adolecen del mismo problema.
La cantidad de custodios o policías necesarios para controlar a un número determinado de privados de libertad, entre otras cosas, está en función de la arquitectura de las instalaciones en que desarrollan sus tareas. El diseño arquitectónico de los centros penitenciarios y bartolinas tiene que adherirse a ciertos principios mínimos para asegurar que los custodios puedan controlar a la población reclusa y, de esa forma, brindar las condiciones adecuadas para administrar a cada una de las personas detenidas. Existen configuraciones de espacios que permiten que relativamente poco personal oficial brinde seguridad a los internos. Sin embargo, este no es el caso de El Salvador. La mayoría de penitenciarías y bartolinas, debido a sus particularidades arquitectónicas, requieren de mucho personal para garantizar la seguridad de relativamente pocos internos. Esto se convierte en un verdadero problema al considerar las características de la crisis delictual que experimenta el país, las limitaciones presupuestarias estatales y el déficit de policías y custodios con las que opera el sistema de justicia penal salvadoreño, que limitan seriamente la cantidad de personal destinado a cuidar a privados de libertad.
Además, las cárceles y bartolinas, debido a que funcionan en instalaciones inadecuadas, son en extremo inseguras para los custodios y los detenidos. La seguridad, bajo estas condiciones, recae en manos de los poderes fácticos que predominan en la subcultura carcelaria, las estructuras criminales que controlan la actividad desarrollada tras las rejas. Este tipo de ambiente propicia y facilita la corrupción de los agentes estatales, quienes operan en un ambiente controlado por aquellos a quien ellos tienen que custodiar. Los reportes y capturas de personal policial encargado de bartolinas, evidencian la prevalencia de la corrupción bajo la dinámica antes descrita.
El desorden que impera en prisiones y bartolinas, además, dificulta las tareas de autocontrol ejecutadas por entes contralores. Esto, a su vez, perpetúa el ciclo de impunidad de los patrones de corrupción identificables entre custodios policiales y penitenciarios.
La infraestructura policial y correccional ha sido un tema totalmente marginado por la actual gestión presidencial. Cualquier estrategia seria, orientada a controlar la criminalidad, debe de considerar la renovación de las instalaciones en las que operan las bartolinas y las cárceles, ya que es necesario garantizar la seguridad de los custodios, internos, detenidos y el público en general. Este es un tema central, ya que atacará la dinámica detrás de los principales patrones y tendencias de la incidencia criminal, y, además, creará el entorno propicio para dar tratamiento adecuado a las personas detenidas.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
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