Secciones
×

Síguenos en

La interpelación ciudadana

Por Por Luis Mario Rodríguez R.*

Ago 03, 2013- 18:00

La presión social en los diferentes países está obligando a los políticos a reaccionar. Presidentes y ministros han debido comparecer a los congresos, comisiones especiales y medios de comunicación a explicar los gastos excesivos de su gobierno, las razones por las que incumplen las promesas que hicieron en campaña y las medidas que tomarán para investigar sonados casos de corrupción, principalmente aquellos donde se les involucra personalmente.

Las reformas en materia de transparencia deben avanzar hacia la institucionalización de mecanismos legales que obliguen a los funcionarios a rendir cuentas de sus actos frente al público. Recientemente los españoles presenciaron el debate entre el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y los diferentes partidos de la oposición. Por espacio de cinco horas, los principales líderes de las diferentes bancadas cuestionaron al mandatario español por el caso Bárcenas. Un episodio que tiene a la base las acusaciones del extesorero del Partido Popular, el partido de Rajoy, quien afirma que ese instituto político presuntamente manejaba una doble contabilidad y que varias de sus autoridades recibían remuneraciones que no eran declaradas al fisco.

El sistema parlamentario español permite ese tipo de controles. Quien preside el Gobierno mantiene su cargo como miembro de esa instancia y está obligado a debatir frecuentemente con sus colegas en el Congreso. El enfrentamiento por el caso Bárcenas elevó los decibeles en el Parlamento porque las acusaciones de los diputados fueron muy duras y la defensa de Rajoy sobre el fondo del asunto muy poco convincente. Lo que sí hizo bien el gobernante fue recordarle a sus colegas la iniciativa de reforma para transparentar las finanzas de los partidos a través de varias iniciativas: una ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos; una reforma a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas que busca una más amplia fiscalización de las donaciones, ingresos y gastos de los partidos; una ley reguladora de las funciones políticas que controlará con mayor rigurosidad el patrimonio de los funcionarios; una reforma al código penal para el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos de corrupción, y una reforma a la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procesos judiciales para ese tipo de conductas.

En todo caso nos interesa en estas líneas destacar en primer término la necesidad de revisar los mecanismos para que los políticos informen permanentemente a la población sobre aquellos problemas que la sociedad identifica como los más urgentes de atender. En el caso español, la corrupción es señalada como el segundo problema más importante después del desempleo que ocupa el primer lugar y eso motivó al Congreso a exigir explicaciones por parte del Gobierno.

Nuestro sistema regula “la interpelación” de funcionarios como mecanismo para que los ministros o encargados del despacho, así como los presidentes de instituciones oficiales autónomas, concurran a la Asamblea Legislativa para contestar las interrogantes de los diputados sobre algún tema que tenga relación con las actividades propias de esos cargos. Los diputados a su vez pueden constituir comisiones especiales para investigar determinadas situaciones y convocar a funcionarios y exservidores públicos para que aporten información. El resultado de las interpelaciones y de las comisiones suele tener un mayor impacto político y prácticamente ninguna consecuencia legal.

No se trata de transformar nuestro sistema en uno parlamentario con el solo propósito de obligar a los más altos cargos públicos a debatir situaciones de interés general. La reflexión se orienta más bien a la necesidad de fortalecer la cultura política de los ciudadanos. En la medida que la sociedad se interesa por los temas nacionales, sin ignorar la corrupción y con un hondo compromiso por la defensa de las instituciones, en esa misma proporción los políticos están obligados a gobernar con puertas abiertas y a rendir cuentas. Los españoles reclamaron a su máximo líder el silencio en un caso que está desprestigiando al país frente a la comunidad internacional y la reacción no se hizo esperar. El Presidente asistió al Congreso de los diputados y admitió que se equivocó al confiar en una persona que traicionó su confianza.

La interpelación más efectiva es la que nace de una sociedad atenta a los actos de sus gobernantes. Si cada quien se preocupa únicamente de lo que sucede “de la puerta de su casa para adentro” y descuida la supervisión de las principales decisiones de los funcionarios, simplemente está condenando al país a que siempre lo conduzca el menos preparado y probablemente el más deshonesto.

*Columnista de El Diario de Hoy.

Tags