Durante los últimos días, programas de entrevistas, periódicos y noticieros han dedicado parte significativa de sus espacios a discutir e informar sobre los “amaños” en partidos de fútbol recientemente señalados por el fiscal general de la República, Luis Martínez. Las opiniones en torno al tema, en términos generales, denotan la indignación que prevalece entre la ciudadanía en relación a la deshonesta conducta de jugadores, directivos y otras personas vinculadas al deporte más popular del país, revelada por las investigaciones fiscales. Las redes sociales están inundadas de mensajes de los aficionados del fútbol salvadoreño, quienes evidentemente se sienten traicionados por aquellos en quienes depositaron sus esperanzas y apoyaron con ahínco.
Los partidos, en un país en el que prevalece una cultura de ilegalidad, representaba un espacio en que la ciudadanía podía escapar de las injusticias de su complicado entorno y sumergirse en ambiente en donde las personas involucradas, en teoría, tienen que adherirse a reglas de conducta pre-establecidas. Las probabilidades de que el entorno dominante permeara ese santuario de los salvadoreños eran altas.
En El Salvador impera la cultura de la ilegalidad, en la que los ciudadanos analizan y razonan su comportamiento en función de la situación en la que se encuentran, determinando si quebrantar las normas sociales, formales o informales, es justificable de acuerdo a las circunstancias en las que están. Bajo este esquema cultural, la opinión de las personas en relación a una conducta moralmente reprochable o hasta penada por la ley, es relativa y dictada por el beneficio individual percibido.
Un Estado débil y la falta de institucionalidad que éste conlleva, son condiciones imprescindibles para que la cultura de ilegalidad florezca y prevalezca. La ley y el orden, en este tipo de entorno, dejan de operar y, por lo tanto, son sustraídos de la ecuación que interviene en el proceso de toma de decisiones de los individuos. Otra condición importante es una diferencia deficitaria entre oportunidades disponibles y aspiraciones de la ciudadanía. Este elemento contribuye a modificar las variables que intervienen en la forma en que las personas razonan y actúan, fomentando y justificando el quebrantamiento de normas bajo ciertas circunstancias.
El mundo está repleto de ejemplos que ilustran el nacimiento y fortalecimiento de culturas de ilegalidad. Phil Williams, profesor de políticas públicas de la Universidad de Pittsburgh, por ejemplo, explica cómo intervienen estos elementos en México e Irak, analizando el narcotráfico y el contrabando de petróleo, correspondientemente. Serguei Cheloukhine, del Departamento de Leyes, Ciencias Policíacas y Justicia Penal de la Escuela de Criminología John Jay, también aplica estas premisas para estudiar el origen del crimen organizado ruso. Arabinda Acharya y sus colegas de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales de la Universidad Tecnológica Nanyang en Singapur, explican cómo las variables antes mencionadas promueven una cultura de ilegalidad en ciertas zonas de Paquistán, aprovechada por la red terrorista Al Qaeda. Los estudios y los países analizados por la literatura respectiva son variados y numerosos.
Aunque en El Salvador no hay publicaciones académicas que investiguen la cultura de ilegalidad, es posible identificar los elementos descritos anteriormente presentes en la vida cotidiana. La negociación entre el Gobierno y las pandillas, por ejemplo, es el indicador más contundente que evidencia hasta qué esferas ha permeado la cultura de ilegalidad. Ese pacto oscuro ha propiciado que las autoridades justifiquen la comisión de extorsiones y otros ilícitos, promoviendo así la cultura de ilegalidad y tácitamente enviando el mensaje a la ciudadanía que la conducta criminal es aceptable bajo ciertas circunstancias.
La situación de El Salvador es crítica y la ruta para mejorarla está muy alejada de los discursos populistas de siempre en materia de seguridad.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
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