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La corrupción mancha y mantiene el subdesarrollo

Por Por Claudia Umaña Araujo*

Jul 23, 2013- 18:02

Recientemente tuve la oportunidad de dirigirme a un amplio grupo de jóvenes para conversar sobre los desafíos del acceso a la información y la lucha contra la corrupción. Lo anterior me permitió retomar la ecuación de Robert Klitgaard: corrupción= monopolio de la decisión + discrecionalidad – rendición de cuentas. La corrupción además de contagiar, mancha y se extiende como una epidemia.

En términos comparativos nuestro país está en una posición intermedia con el resto de Centroamérica y en una puntuación del 1 al 100, nos encontramos en la posición 38, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Llama profundamente la atención la determinación de los salvadoreños que consideran que si se unen esfuerzos se pueden revertir estas prácticas que causan demora en el desarrollo del país así como va carcomiendo el tejido social. El Barómetro Global de Corrupción señala que el 71% de los salvadoreños creen que la sociedad civil puede detener la corrupción, eso es muy esperanzador. Se tiene el desafío de escudriñar el concepto de corrupción en todas sus dimensiones, identificar las áreas en donde hay mayores riesgos con el fin de rediseñar procesos, favoreciendo el funcionamiento del sistema y que se castigue o sancione a los culpables.

Las prácticas corruptas implican hacerse valer de la situación de privilegio que una persona pueda tener, para lograr un beneficio personal. Cuando se preguntan ejemplos la mayoría de personas se quedan con el conceptos de soborno, o la malversación de fondos públicos o peculado, pero se olvidan otras manifestaciones más sutiles como el conflicto de interés, tráfico de influencia, entre muchos otros. Lo que resulta evidente es que el costo es bastante alto para un país pobre como el nuestro, de allí que construir una calle pueda estar sobrevalorada por todos los costos de litigios e incumplimientos (Diego de Holguín hoy monseñor Romero), se den ventas ilegitimas de terrenos nacionales (ISTA), el servicio de agua (ANDA) se quede con poca cobertura, secretismo en gastos de viajes de Casa Presidencial, contratación de parientes y militantes partidarios en la Corte Suprema de Justicia, retardo en la elección de magistrados, falta de transparencia en las empresas del mercado energético, etc. Es decir gastos ineficientes, comisiones de delitos sin consecuencias, mayores costos para la sociedad, calidad inferior de servicios públicos. Los efectos son tan perniciosos que las personas que han sido víctimas de corrupción tienden a ser más desconfiadas de las instituciones. ¿Cuál es la impresión de las personas cuando les han pedido una mordida en una institución y luego tienen que regresar a la misma institución pública para realizar otro trámite?

Justamente en el Barómetro se mencionan algunas de las razones por la cuales no se reportan los casos, entre ellas están: 1) No se sabe a dónde dirigir las peticiones; 2) Miedo a represalias; 3) Que no hace la diferencia. Pero también es cierto que personas en diferentes países, tienen ansias de involucrarse en actividades para luchar en erradicar esta práctica, tales como participar en marchas, difundir información sobre la corrupción en redes sociales, firmar peticiones, entre otras.

Debemos pasar del rumor y comentarios de pasillos a conocer mejor el fenómeno que está deteniendo el progreso de nuestro país, minándolo poco a poco. Existen herramientas internacionales en la lucha contra la corrupción de Naciones Unidas, OEA, Alianza para los Gobiernos Abiertos, así como una institucionalidad que debe velar por su erradicación en la Sección de Probidad, Fiscalía, Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas, etc. Exijamos que funcionen para los propósitos que fueron creadas y que además se coordinen y cooperen.

Trabajemos en conocer las curas a este mal y precisar a qué estamos enfrentándonos, si es verdaderamente un delito o una falta ética, ya que la cultura de la denuncia debe ir acompañada de conocimiento y buen uso de las herramientas jurídicas.

La solución está en unir esfuerzos tanto del gobierno, como sector privado, organizaciones de la sociedad civil, iglesias y particularmente la participación de la juventud.

*Columnista de El Diario de Hoy.

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