Una vez más queda en evidencia que el trabajo que realizan algunos diputados de la Asamblea Legislativa, está nuevamente en entredicho, dado que siguen con las mismas mañas, doblando la norma jurídica de forma arbitraria, ya que recientemente aprobaron con dispensa de trámite, dos decretos que afectan la convivencia pacífica de los ciudadanos. El primero decreto ambiguo y lleno de contradicciones jurídicas, en el que mandan callar a todas aquellas personas que desprestigien a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República.
El segundo decreto, igual de atroz que el primero, fue la elección por tercera ocasión, de Marcos Gregorio Sánchez Trejo y Javier Tránsito Bernal, para la Corte de Cuentas, soslayando nuevamente el fallo de la Sala de lo Constitucional, en el sentido que no observaron los requisitos de idoneidad y competencia notoria, así como la afiliación partidaria. Con un agravante adicional, que en esta ocasión lo hicieron con dispensa de trámite y con decretos separados.
Desde ahí se ve la mala leche de estos diputados, ya que conocen el camino muy bien para retorcer los procesos. Sin embargo aclararé lo siguiente: la dispensa de trámite es el acuerdo de la Asamblea, para eximir de todos los requisitos internos, a un proyecto de ley, considerado de urgente resolución y que pasa de forma directa a la sesión de debates del Pleno, para su análisis, discusión, votación y aprobación, sin que este pase por una comisión específica.
Pero al aprobar estos dos decretos cuestionados, la Asamblea ignoró la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional, en la que establece que un proyecto de ley se puede aprobar bajo la figura de la dispensa de trámite en casos especiales. Por ejemplo debe de haber una causa legítima que lo justifique, como la calamidad pública, el orden económico o emergencia nacional.
De modo que en la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, y en el decreto mordaza, no existió ni un solo motivo de carácter urgente que justifique los decretos en cuestión, lo cual violenta el art 135 de la Constitución, en el que se garantiza la deliberación y discusión como el mecanismo de proceso de formación de ley, que es propio del actuar democrático de la Asamblea Legislativa.
Ahora bien, cuál será el miedo de estos diputados de proteger la imagen de su candidato –si es que se les puede llamar candidato–, ya que el Código Electoral de El Salvador, denomina candidatos únicamente aquellas personas que han sido inscritas en un proceso electoral, pero para que eso ocurra faltan alrededor de cinco meses, por lo tanto Norman Quijano, Salvador Sánchez y Tony Saca, siguen siendo ciudadanos comunes y corrientes como cualquier mortal que circula por las calles.
Pero en aras de hacer las cosas bien, sería bueno que cada uno de estos ciudadanos que no son candidatos inscritos, tengan las cosas en orden, ya que los tres han tocado bienes públicos, y por consiguiente, si no tienen nada que esconder, acerca de malversación de fondos, obras inconclusas, o haciendo uso personal de los bienes públicos, no debería de existir temor, de que le saquen los trapos al sol.
Ya que la buena imagen y la trayectoria de una persona, no se puede proteger por medio de decretos fantasmas, es algo que cada ciudadano se gana trabajando duro al servicio de los desprotegidos y menos afortunados, y “no sirviéndose de la cosa pública, cuando se llega al poder”. Por favor diputados, reflexionen.
*Catedrático de la Universidad Francisco Gavidia. Colaborador de El Diario de Hoy.
@JaimeRamirezO