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Por unas fronteras más abiertas

Por Por Cristina López G.*

Jul 20, 2013- 18:01

En el margen de la posible aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos, que podría beneficiar a millones de trabajadores indocumentados, se ha recalentado el tono de los debates a favor y en contra. Para los republicanos en el Senado, pasar la reforma era un salvavidas necesario para dar muestras de una renovación del partido y congraciarse con la comunidad hispana. Sin embargo, los republicanos del Congreso tienen otros incentivos electorales, y los congresistas que representan distritos sin inmigrantes tienen mucha presión para que la reforma se quede en buenas intenciones.

Con argumentos disfrazados de análisis, ciertas posiciones xenofóbicas o cuando menos, poco razonadas se oponen a la reforma, diciendo que hay dos tipos de inmigrantes y que sólo los “buenos”, o los trabajadores altamente cualificados, deberían ser favorecidos. Insisten equivocadamente que los trabajadores poco cualificados son tomadores de empleos y no creadores de empleos, o que su necesidad los puede llevar a delinquir, por lo que son necesariamente una amenaza a la seguridad nacional.

Entre los detalles que obvian, se incluye el hecho de que los trabajadores altamente cualificados no se beneficiarían de la reforma pues en su mayoría, se encuentran en Estados Unidos legalmente, con visas que les ayudaron a tramitar incluso desde el mismísimo Departamento de Estado. Si bien es cierto que se conocen cifras de criminalidad entre la comunidad inmigrante, estas no superan a las cifras de criminalidad de los nacionales. La delincuencia es por lo tanto, un problema que no necesariamente tiene fuerte correlación con la inmigración. La mayor equivocación del argumento es confundir un tema económico con uno de seguridad nacional. Terminan dañando su propia economía, pues los trabajadores poco cualificados contribuyen enormemente al crecimiento económico.

Como decía acertadamente la analista de políticas públicas Shikha Dalmia, los estadounidenses no son competidores de los trabajadores poco cualificados; son sus clientes de servicios de limpieza, lavado de ropa o cuidado de niños. Esto permite un aumento en la calidad de vida para muchos padres y especialmente, la independencia de muchas mujeres, que sin tener alguien que les ayudara con estas labores probablemente no podrían gozar de otras oportunidades de empleo a tiempo completo. Además, al bajar el precio de la mano de obra, se incentiva la creación de otros negocios, y con ello, el crecimiento económico.

Muchos políticos basan sus críticas a una reforma que legalizaría el estatus de millones de trabajadores diciendo que sería equivalente a regalar una amnistía a quienes han violado las leyes migratorias. Sin embargo, la reforma no implica un perdón y olvido: los requisitos para lograr un estatus temporal que permitiría trabajar legalmente siguen siendo, además de caros, altamente complicados. Incluyen controles de seguridad y revisión de antecedentes, el pago de todos los impuestos debidos hasta el momento, recargos burocráticos, prueba de empleo y prueba de no haber gozado de asistencia social.

Con lo anterior buscan una auto-selección: quienes estén dispuestos a saltar todos los obstáculos burocráticos, son quienes probablemente ya se encuentran trabajando y los que consideran inmigrantes “buenos”. Sin embargo, en ningún momento se les regala el estatus, por lo que difícilmente es comparable la reforma con una “amnistía”.

Aunque una reforma es mejor que el status quo, las barreras seguirían siendo altas, y con ellas, podría potencialmente dejarse afuera a muchos trabajadores que a pesar de que son productivos, no están lo suficientemente capacitados para lograr conseguir empleos que paguen lo suficiente para hacerle frente a este foso de lagartos de la burocracia. Y no sólo perderían los trabajadores, perdería la economía en general.

*Lic. en Derecho.

Columnista de El Diario de Hoy.

@crislopezg

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