La semana pasada los salvadoreños presenciamos el más amplio e injustificado despliegue militar registrado durante la última década, que involucró la participación de una cantidad significativa de policías militares, soldados, francotiradores, equipos tácticos, helicópteros y vehículos de combate. David Victoriano Munguía Payés estrenó su segunda vuelta al frente del Ministerio de la Defensa (en el presente período presidencial) con este movimiento masivo de tropa, en el marco de la presentación tradicional de informes rendidos por funcionarios de Gobierno a la Asamblea Legislativa.
A diferencia de los demás titulares, Munguía se hizo acompañar de un impresionante séquito de oficiales, quienes lo flanquearon durante su presentación en el podio. Este triste episodio finalizó con una conferencia de prensa en la que el ministro lanzó, en un tono evidentemente emotivo, una clara amenaza al fiscal general, Luis Martínez, advirtiendo que existirá un choque entre ambas carteras de Estado si Martínez continúa señalando que, durante su gestión como ministro de Justicia, obstaculizó operativos en contra de pandilleros.
Todo el incidente parece sacado de una película de Hollywood, de esas en las que el director logra proyectar, a través de hechos como el propiciado por Munguía, la debilidad de la democracia e institucionalidad que impera en el contexto en el que se desarrolla el filme. Algunos analistas caracterizan el masivo despliegue ordenado por el ministro como un síntoma de problemas asociados con déficits de personalidad de los que adolece el funcionario. Otros argumentan que todo es una muestra de fuerza orientada a la consecución de varios objetivos, entre ellos amedrentar a quienes quieran escudriñar lo que se esconde detrás de la negociación entre el Estado y las estructuras criminales.
La información que se maneja en círculos de seguridad e inteligencia en relación a Munguía Payés y sus secuaces es realmente preocupante, ya que tiene el potencial de cambiar la dinámica de la seguridad del país y anularla a su más deplorable estado. Esto hace que lo alarmante del despliegue militar de la semana pasada no sea la prepotencia del funcionario o sus problemas de personalidad, sino su disposición a instrumentalizar una institución tan poderosa como la Fuerza Armada para la consecución de sus objetivos oscuros.
La grave transgresión ordenada por Munguía, a pesar de ser una clara violación a las facultades legales conferidas al Ministerio de la Defensa y una atrevida invasión a las del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, no fue condenada por el presidente Funes o el encargado de la seguridad interior, Ricardo Perdomo. El desafiante despliegue militar, bajo las circunstancias normales en un país con una institucionalidad fuerte, tuvo que haber implicado una fuerte reacción por parte ambos funcionarios. La pasividad con la que se ha aceptado la instrumentalización de la Fuerza Armada abre la puerta para problemas muy serios y peligrosos.
El poder de Munguía trasciende al de los recursos a los que tiene acceso gracias a su puesto. También abarca el oscuro y letal alcance de las estructuras criminales con las que pactó durante su gestión al frente de Justicia, que hábilmente disfrazó con la fabricación mediática conocida como “la tregua”. Esto complica aún más la situación y convierte al funcionario en una verdadera amenaza para la seguridad del país y, especialmente para aquellos que disienten con los torcidos caminos por los ha traído y pretende llevar a El Salvador. Está en manos de los salvadoreños honestos y valientes permitir que esto siga avanzando o no.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
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