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La historia se repite

con conocimiento de causa Antes era una falta grave que el presidente de la Corte se pronunciara en asuntos en conocimiento colegiado de la Sala de lo Constitucional, pero ahora no lo es que el funcionario, quien preside ese Tribunal, emita un dictamen favorable a la pretensión de los diputados

Por Por Mario González*

Jun 29, 2013- 20:30

El reciente informe de la Relatora de Naciones Unidas para el sistema judicial de El Salvador, que denuncia la politización de la judicatura salvadoreña por la injerencia de los otros poderes, sólo me recuerda que lo mismo se decía del Órgano Judicial en 1989.

Esto sólo demuestra que la historia se repite y que los que se creían y decían héroes entonces, que buscaban la justicia y el “cambio”, son los mismos que ahora buscan mancillar la independencia judicial, queriendo poner la judicatura a sus pies.

Para el caso, antes era pecado que el presidente de la Corte tuviera nexos con el partido ARENA, pero ahora no lo es que el titular pertenezca al partido oficial FMLN ni que también lo sean sus administradores. Más bien defienden que tienen derecho y que “la Constitución no se los prohíbe”.

Antes era una falta grave que el presidente de la Corte se pronunciara en asuntos en conocimiento colegiado de la Sala de lo Constitucional, pero ahora no lo es que el funcionario, quien preside ese Tribunal, emita un dictamen favorable a la pretensión de los diputados.

Eso sólo para mencionar un par de indicadores de que la Relatora Gabriela Knaul no anda perdida. Por eso ahora, como hace 23 años, estamos bajo la lupa de Naciones Unidas.

Es más, ella llega a la raíz del problema: el procedimiento actual para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, otros jueces y magistrados y los agentes fundamentales del sistema de justicia no ofrece salvaguardas suficientes para eliminar la presión y la injerencia de los partidos políticos y grupos económicos y para asegurarse de que aquéllos sean seleccionados sobre la base de criterios objetivos y equitativos. Tampoco garantiza la independencia institucional del Poder Judicial respecto de los otros poderes, en particular el Legislativo, dice el informe oficial.

A su juicio, “la falta de transparencia y escrutinio público en el proceso de selección sigue perpetuando un sistema basado en el clientelismo y los favores políticos”.

Esto significa que no habrá una real independencia mientras los titulares de la judicatura salvadoreña sean elegidos por políticos que vilipendian fallos de la Sala de lo Constitucional y tratan de desarticularla por no serles útil, que toman decisiones cruciales de madrugada mientras los salvadoreños están dormidos y que montan aplanadoras para imponer a sus piezas.

La Relatora muestra su preocupación por crisis como la suscitada hace un año entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, pues “pone de manifiesto el grado de politización del Poder Judicial”, tomando en cuenta que en ese momento el oficialismo y los partidos políticos afines desconocieron los fallos del Tribunal Constitucional y contra viento y marea colocaron como magistrados de la Corte Suprema a abogados elegidos en las elecciones anuladas. Tiempo después se acató la sentencia y se realizaron nuevas elecciones como mandó la Sala.

Sin embargo, para Knaul este episodio “ha afectado a la función de los agentes fundamentales del sistema judicial en la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos”.

De igual manera se pronuncia sobre el Consejo Nacional de la Judicatura, encargado de la selección de magistrados y jueces, pero también nombrado por la Asamblea Legislativa.

Estos conceptos deben ser considerados y reflexionados por los diputados a la Asamblea Legislativa en este momento, considerando la advertencia que hizo uno de ellos, la noche del jueves, de que vamos hacia un nuevo choque de poderes y que la elección de la Corte de Cuentas sólo fue pretexto para desencadenarlo y llevar finalmente a desarticular a la Sala.

Sólo basta ver cómo uno de los directivos se entronizó como “justo juez de la noche” y comenzó a leer los dictámenes, enfatizando que “no comparten” los fallos, como si fueran un tribunal superior o tuvieran el poder de anularlos.

Por esto, la Relatora llamó a las instituciones nacionales a respetar a la judicatura y acatar las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“Las autoridades nacionales deben acatar y aplicar de buena fe las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, dice el informe.

Lo anterior sólo nos demuestra que esos que se la llevaban de redentores y los aliados que se les han venido sumando, no son mejores que los tanto criticaban hace un cuarto de siglo.

*Editor subjefe de El Diario de Hoy.

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