Los nombramientos de Ricardo Perdomo y Rigoberto Pleités al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, respectivamente, han sido recibidos, en términos generales, con una alta dosis de optimismo por la ciudadanía, ya que su discurso inicial ha variado de los de sus antecesores. Los nuevos funcionarios han tratado de marcar un punto de inflexión en la conducción y estrategia de seguridad pública, alejándose de lo que hasta la fecha ha sido el centro gravitacional del abordaje oficial de la criminalidad: la negociación con las estructuras de mando de las pandillas.
Además del inicial cambio discursivo, el director general de Centros Penales fue removido por presuntamente desobedecer órdenes del nuevo titular y permitir el traslado ilegal de dos cabecillas pandilleros para participar en un programa televisivo de un canal cristiano. El viceministro de Justicia también dejó su puesto pocos días después, desbaratándose así el equipo de trabajo visible con el que David Victoriano Munguía Payés formuló e implementó el oscuro pacto con criminales.
Los salvadoreños honestos anhelamos que las autoridades abandonen la farsa de “la tregua” y ataquen inteligentemente el problema delictual que abate al país. Sin embargo, en círculos de seguridad e inteligencia existen varias lecturas e hipótesis sobre las recientes acciones y discursos oficiales, siendo la más peligrosa y preocupante que las negociaciones con los cabecillas pandilleros continuarán y que el cambio proyectado por los nuevos titulares es sólo aparente, una ilusión que busca retornar el pacto con criminales a la clandestinidad en la que fue concebido y en la que se pretendía desarrollar.
Aunque Perdomo, por ejemplo, asegura que ya no permitirá que haya tratamiento preferencial para cabecillas pandilleros, la cúpula de mando sigue gozando de los beneficios de no estar en un régimen especial de resguardo en Zacatecoluca, a pesar de que siguen dirigiendo las actividades criminales de sus agrupaciones desde prisión y algunos de ellos hasta han sido declarados criminales internacionales por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. El que la estructura de mando permanezca recluida en presidios con protocolos de seguridad menos rigurosos, sugiere que las autoridades aún necesitan fortalecer el poder e influencia que éstas ejercen sobre sus subalternos, elemento que el anterior ministro calificó como estratégico para asegurar el éxito de su oscura iniciativa.
El discurso de Perdomo además se contradice, ya que aunque asegura que “la tregua” nunca fue parte de la estrategia oficial (a pesar que su antecesor lo declaró categóricamente) y que, por lo tanto, es insostenible, por otro lado señala que continuarán con el “proceso de pacificación” iniciado a nivel local (lo que la anterior administración bautizó como “segunda fase de la tregua”), propiciando el “diálogo” a nivel municipal entre las pandillas y la sociedad, que ahora trata de rebautizar con el término “pacto social”. El funcionario quiere vender que no continuará con la anterior estrategia, pero promete darle continuidad a su etapa más peligrosa, que implica la atomización de la negociación con estructuras criminales, promoviendo un cambio en la forma en que éstas interactúan con el sector político y otros actores sociales a todo nivel.
Adicionalmente, cualquier desviación significativa del manejo de la negociación implicará, así como lo han advertido en reiteradas ocasiones los cabecillas pandilleros, un incremento sensible de la incidencia delictual. Hasta la fecha, aunque Perdomo argumenta que ordenó un cambio de rumbo el mismo día que tomó posesión de su cargo, no se reporta una variación notable.
La posibilidad que implica dicha lectura, obliga a que los salvadoreños escrutemos más detenidamente el discurso oficial y las actuaciones de los funcionarios de seguridad, ya que podrían buscar hacer más clandestino el pacto con criminales.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
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