“En río revuelto, ganancia de juzgadores”

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Presidente Mauricio Funes durante el programa radial sabatino abordó variados temas de la realidad. Foto EDH / cortesía

Por Por Mario González**Editor subjefe de El Diario de Hoy.

2013-06-22 6:02:00

No entiendo cómo nos llena de asombro que algunos jueces estén poniendo en libertad o concediendo arresto domiciliario a torvos criminales, si hace unos años advertimos que esto podría suceder. Lo que pasa es que no reaccionamos ni cobramos conciencia de la gravedad de un hecho hasta que está consumado.

El Ministro de Justicia y Seguridad dijo que hay por lo menos 30 casos de individuos que, pese a haber sido hallados culpables en juicio, permanecen tranquilamente en sus casas.

La razón: el subterfugio de que la sentencia “no está firme” porque no se les ha leído completa a los condenados o que los reos llegaron a estar 24 meses en la cárcel sin ir a juicio.

Hace dos años publicamos que hasta hubo desacuerdos entre la Sala de lo Penal y la Sala de lo Constitucional para determinar si la sentencia queda firme cuando se emite al final de la vista pública (juicio) o cuando se lee formalmente a los involucrados o cuando la revisa en casación la Sala de lo Penal.

Me parece que este desacuerdo técnico-jurídico es el que está siendo aprovechado por algunos jueces para justificar las liberaciones o arrestos domiciliarios que han ordenado. Según el Ministerio de Justicia, los 30 casos de convictos en arresto domiciliar se podrían convertir en 300 si los jueces siguen usando estos criterios.

Queda también la duda de si se dejó llegar a rebasar el plazo de 24 meses precisamente para favorecer al reo, como antes se buscaban pretextos como que se excedió el término de inquirir de 72 horas o de detención policial o que no le leyeron sus derechos al imputado, para terminar desbaratando procesos enteros.

Pero, más allá de estar discutiendo qué fue primero, si el huevo o la gallina o el eterno dilema bizantino de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, los jueces tienen la enorme responsabilidad con la sociedad de protegerla y evitar que individuos que son un peligro anden libres simplemente porque se aplicó cuadradamente la ley.

El sistema judicial no puede actuar como autómata o robot o ser insensible al drama de los salvadoreños para no utilizar la lógica y decir que el caso se ha probado suficientemente y el reo debe comenzar a pagar su pena.

Es cierto que se corre el riesgo de que el sentenciado sea inocente y que esto se determine sólo tras la apelación o casación, pero entonces, ¿por qué los jueces no cumplen con los plazos o prevén que habrá estos problemas?

Es triste decirlo, pero aquí se refleja falta de liderazgo en la Corte Suprema de Justicia, no para imponerle a los jueces cómo deben resolver, sino para aplicar medidas administrativas para que no haya abusos. . Tampoco se ve que el CNJ haga algo. Recuerdo que antes había un equipo de buenos auditores que corrían a ver casos como estos con sólo la denuncia pública y valdría la pena que se impulsaran estos y otros programas de supervisión nuevamente.

Porque no es justo que un convicto permanezca en su casa por tecnicismos o subterfugios, mientras miles cumplen rigurosamente su pena en la cárcel o sus víctimas sufren las secuelas o están enterradas.

Para justificarse, algunos dicen que la culpa es “de la ley”, porque así lo establece, como si la gente se traga ese cuento y va a pensar que entonces hay que procesar a “la ley”, cuando quienes tendrían que responder realmente son los funcionarios que se aprovechan. Si el temor es a que los demanden los mismos reos, más los deberían estremecer casos como el del señor que languidece parapléjico en su cama, mientras su victimario descansaba plácidamente en la hamaca de su casa.

Estos subterfugios se convierten al final en verdaderas minas, como aquella disposición que permitía a los jueces enviar a su casa a homicidas, secuestradores, narcotraficantes y hasta violadores con el argumento de que el espíritu de la reforma penal era que “la detención debía ser la excepción y no la regla”. No fue hasta que la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que se pararon todos los abusos que se estaban cometiendo.

Me parece que los jueces tienen claro su papel y no es una tendencia de todos a favorecer a los criminales, sino de unos pocos que seguramente aplican aquello de que “en río revuelto, ganancia de juzgadores”.