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Los asocios público privados y la transparencia deben ir de la mano

Por Por Claudia Umaña Araujo*

Jun 11, 2013- 18:00

De un acuerdo multipartidario se aprobó la Ley de Asocio Público Privado (Ley APP) con debilidades que no van a permitir que la ley cumpla su fin. Dentro de las actuales opciones para enderezar el camino están: 1. Que el Presidente observe la ley. 2. Que logre una reforma legislativa inmediatamente la ley entre en vigor. Con el ánimo de contribuir con soluciones es que compartimos unas consideraciones.

En la actualidad existe un déficit de transparencia en contratos del Estado, que no permite saber muchas cosas. Esta ley no corrige ese problema al haberse borrado el registro en el que tendrían que aparecer todos los proyectos en los que el gobierno busque una alianza con la empresa privada, para crear mejores servicios e infraestructuras tales como carreteras, puertos, puentes, entre otros. Es decir con esta herramienta de carácter público se hubiera garantizado un acceso expedito y permanente a la información por medio electrónico a través de un portal institucional; todo absolutamente congruente con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El acuerdo de los legisladores fue un retroceso del texto original que superaban en transparencia LAIP. Dentro de los elementos desechados estaban: publicar las bases de licitación, los estudios de factibilidad, los análisis de costo beneficio, las resoluciones de adjudicación, las modificaciones realizadas, las prendas; hasta se publicarían en ese portal tanto los diseños rechazados como los aprobados y ejecutados. En cuanto a otros servicios, se publicarían las personas precalificadas para consultorías, asesorías, peritos y proveedores. Existía un texto detallado y claro, que no daba espacios para interpretaciones restrictivas en la entrega de información. La ley tenía una gran vocación de transparencia, pero con argumentaciones muy simplistas se desperdició la oportunidad de contar con una ley de vanguardia.

Este tipo de leyes APP pueden ser muy controversiales, ya que nacen de la necesidad de reconocer que el Estado no está en la capacidad de realizar todos los proyectos que se requieren para impulsar el desarrollo, sobre todo en nuestro caso con nuestros acuciantes problemas fiscales. Los APP no son una privatización, pues al final del período establecido los bienes le regresan al Estado. Para que estos esquemas sean exitosos es necesario que los contratos estén siempre sujetos a la fiscalización del gobierno, pero también al escrutinio publico para evitarle espacios a la corrupción. Un objetivo imprescindible para impulsar el clima de negocios en el país es blindar el mecanismo para que este tipo de alianzas no se presten a amiguismo, clientelismo y que se priven los criterios de calidad, competitividad e innovación.

La Ley de APP en su estado actual además de carecer de estos elementos de transparencia, también está sujeta a excesiva manipulación política, al establecerse varias aprobaciones por la Asamblea Legislativa, lo cual va más allá de lo establecido inclusive en la Constitución. Los APP son proyectos que deben verse con lupa técnica, no política, por lo que la intervención de la Asamblea lejos de fortalecer estos esquemas, podría desvirtuarlo. La gran pregunta es ¿qué inversionista podrá calcular el riesgo político? Ojalá que este punto no haga que la ley nazca muerta.

En los últimos meses –también por acuerdo de todos los partidos– se aprobó una Ley de Partidos Políticos que carecía de elementos importantes. Pareciera que hay una tendencia legislativa “a sacar la tarea” para proyectarnos tanto nacional e internacionalmente con leyes aunque estas no sean de la mejor calidad. Esta práctica es peligrosa porque le da a al país una sensación de complacencia y confort bajo el argumento que estamos haciendo lo necesario, pero al final se vuelven victorias pírricas. A pesar de la polarización, estamos teniendo la capacidad de llegar a acuerdos mínimos, pero tan mínimos, que no pasamos la prueba de la competitividad. Desde tiempos de Confucio, existía el refrán, “no importa de qué color es el gato, lo importante es que cace ratones” y esta Ley APP no será capaz de cumplir con su cometido.

*Columnista de El Diario de Hoy.

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