A un año que finalice su gestión el actual gobierno no está claro el tratamiento que aplicarán al tema de la seguridad pública. En primer lugar porque desde el inicio no afrontaron el problema de manera integral; en segundo término porque más de alguno en el Ejecutivo estará pensando en utilizar el tema como estrategia electoral para favorecer a algún candidato, y tercero porque existe la posibilidad que pretenden realizar una “salida exitosa” para que en el futuro les sirva de plataforma para retornar al poder.
Al igual que en el ámbito de la educación pública, donde la evaluación del sector se limita a la aceptación ciudadana de los paquetes escolares sin reparar en las pésimas condiciones de la infraestructura escolar, la baja calidad de la educación y la falta de capacitación de los profesores, en materia de seguridad el enfoque se ha reducido básicamente a la tregua pandilleril.
El análisis de la violencia social como un fenómeno que responde a múltiples causas, el hacinamiento carcelario, las iniciativas legales “ad hoc” para combatir otros delitos diferentes a los homicidios, la interacción con otras áreas que podrían impactar en la prevención del delito tales como el aprendizaje para alentar a los menores de edad a aprender un oficio y en general, el diálogo con la sociedad para entender y asumir como propio el problema, no fueron acciones prioritarias para la actual administración.
Eso no quiere decir que de manera similar a los candidatos presidenciales, quienes pensamos que la tregua fue una medida audaz por su impacto inmediato en la reducción de homicidios, ahora rechacemos el esfuerzo y nos convirtamos en activistas políticos en contra de la iniciativa. De ninguna manera. Con la tregua se detuvo el asesinato de militares, policías, custodios, transportistas y jóvenes que por diferentes causas pertenecían a pandillas rivales. El tema no está en discusión y como ya lo hemos sostenido antes, lo importante es institucionalizar y revestir de legalidad este tipo de medidas para garantizar su sostenibilidad.
El gobierno por el contrario se muestra dubitativo con el tema. Después de un período de eufórico y entusiasta apoyo a la tregua entre pandillas, los encargados de la seguridad pública aparentemente quieren aplicarle una orientación diferente al pacto de las maras. Esa es la lectura preliminar de muchos analistas ante las declaraciones del nuevo titular que de manera contundente anunció el final de los “privilegios” para los internos en los centros penitenciarios. También removió al director general de los presidios y ordenó una investigación de los comisionados de la policía por su participación en el caso de los pandilleros entrevistados por un canal de televisión.
Existe una seria amenaza que en la etapa final del quinquenio el gobierno quiera cambiar su visión y aplique un método diferente al del último año y medio, centrado en la tregua, para disminuir el actuar delincuencial. Por esa razón es extraña la falta de definición sobre la continuidad de su papel como “facilitador” por parte del gobierno central.
Un giro del Ejecutivo similar al de la campaña del aspirante del principal partido de oposición, únicamente por motivos electorales, es un acto temerario y muy atrevido. Oponerse a la tregua no tiene ningún riesgo para los aspirantes presidenciales. De hecho todos siguieron el ritmo que marcó Norman Quijano. Les identifica con la población que desconfía mayoritariamente de los pandilleros debido a que el resto de delitos, con excepción de los homicidios, continúan al alza, afectando sus pequeños negocios y la tranquilidad de su hogar.
Para el gobierno las consecuencias serían muy diferentes. Explorar nuevos mecanismos para combatir los homicidios a once meses de su retiro, haría responsable al Ejecutivo de una posible reacción adversa de los pandilleros, incrementando los homicidios y quién sabe qué otro tipo de represalias.
La duda es si las autoridades, al igual que los candidatos presidenciales, utilizarán el poco tiempo que le queda únicamente para desarrollar acciones sin ningún impacto real pero con mucho rédito político. Demostrar, sin importar los medios utilizados, que se fue muy efectivo en la disminución de los homicidios, podría ser la carta de presentación para una eventual reelección en el 2019.
En todo caso lo relevante por ahora no es comentar sobre la aspiración de algunos de volver al poder. Si en realidad se quiere demostrar un buen resultado en el ámbito de la seguridad, el gobierno haría muy bien en sentar las bases de un gran diálogo nacional en que se identifiquen las medidas que desde el primer día debería implementar la próxima administración.
*Columnista de El Diario de Hoy.