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Ecos del cuarto año de gobierno

Por Por Luis Mario Rodríguez R.*

Jun 01, 2013- 18:05

Al Presidente de la República se le puede objetar su falta de tolerancia y la apertura para el debate de aquellos temas que los salvadoreños identifican como sus más grandes problemas: el desempleo y la inseguridad pública. Independientemente de las causas que le han impedido concertar, su liderazgo pudo fortalecerse si a las críticas de sus detractores hubiera respondido con una mano extendida. Sin embargo, al mandatario debe reconocérsele su interés por mantener mucha de la institucionalidad que se aprobó en administraciones anteriores, principalmente en el área económica y social.

La Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia y la Superintendencia del Sistema Financiero, que ahora integra a las intendencias de Valores y a la de Pensiones, son sólo una muestra de esa lealtad gubernamental para las instancias reguladoras de las actividades económicas.

Al frente de dichas entidades el Presidente nombró a intachables profesionales y no se conocen casos, por lo menos públicamente, de abusos o aplicaciones arbitrarias de la ley. Desde la época de Evelyn Jacir, la primera Defensora de los Consumidores durante el quinquenio del expresidente Antonio Saca, pasando por Armando Flores, hasta la actual titular, Janci Urbina, la entidad se ha distinguido por resguardar los derechos de los consumidores, sin acosar ni perseguir de manera ilegal a los proveedores de bienes o servicios. La creación de esta institución fue solicitada por FUSADES en su estrategia quinquenal, por la ANEP a través del Encuentro Nacional de la Empresa Privada y por diversas organizaciones de la Sociedad Civil. Quienes creyeron que con la llegada del actual Ministro de Economía, que por años lideró la ONG más relevante en materia de protección al consumidor, se distorsionaría el trabajo serio y técnico que se venía desarrollando, se equivocaron.

Lo mismo puede afirmarse de la reguladora de la competencia. Su actual titular, Francisco Díaz, así como los dos anteriores Superintendentes, Enrique Argumedo y Celina Escolán, mantuvieron en sus cargos a la mayoría del personal técnico, que para una instancia como esta, que requiere de estudios muy especializados del mercado, representa su más valioso patrimonio. Incluíamos también el caso de la Superintendencia del Sistema Financiero. El Presidente Funes retuvo dentro del equipo a Víctor Antonio Ramírez, quien se desempeñó entre 2004 y 2009 como Superintendente de Pensiones, cuando aún no se había concretado la fusión de las tres entidades. El gobernante, en base a las atribuciones que le confieren las respectivas leyes orgánicas, pudo designar a personajes que respondieran a cuotas políticas y cuya visión ideologizada habría dado al traste con tres de los pilares más importantes en materia regulatoria.

A ese esfuerzo por respetar el equilibrio entre el Estado, los proveedores y los consumidores, debe añadirse la permanencia de ministerios como el de Turismo que ha dado continuidad, con responsabilidad y de manera exitosa, a las labores de sus antecesores. La ley de turismo se aprobó por iniciativa del Gobierno anterior. En su elaboración participaron las principales gremiales empresariales y su discusión pasó importantes filtros antes de su presentación a la Asamblea Legislativa. Con Luis Cardenal, Rubén Rochi y el actual ministro, José Napoleón Duarte, el país ha continuado posicionándose como un destino atractivo para el turismo, aunque ha debido bregar, tanto ahora como antes, con el flagelo de la inseguridad pública y la falta de recursos para promocionar la imagen del país internacionalmente.

También tiene el mérito el presidente Funes por impulsar y darle continuidad a los programas sociales como red solidaria, ahora comunidades solidarias rurales y Fosalud. Este último fue objeto de muchas criticas porque requería para su financiamiento de la aprobación de impuestos al consumo del tabaco y al de las bebidas alcohólicas, con lo cual se prevenían enfermedades como consecuencia de estos vicios, relajando el presupuesto del Ministerio de Salud. De la propia cosecha del Presidente existen otras iniciativas sociales, como Ciudad Mujer y el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, así como las transferencias condicionadas a los adultos mayores, cuyo impacto debe estudiarse y de ser exitoso y sostenible en el tiempo, este tipo de políticas públicas deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan de uno a otro Gobierno.

Si ese mismo patrón hubiese sido aplicado en otras áreas donde era necesaria una integración pluralista del Gabinete, es probable que los resultados en materia económica y en el de la seguridad pública fueran ahora muy distintos a lo que se percibe, principalmente por parte de las familias más pobres y por quienes se enfrentan a diario a las pandillas y a los delincuentes.

El llamado es a los candidatos para que reflexionen con sus equipos de trabajo y eviten destruir lo construido únicamente por tratarse de buenas iniciativas impulsadas por sus adversarios políticos.

*Columnista de El Diario de Hoy.

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